En mis cuatro últimas colaboraciones traté de dar una visión general de los cuatro megaproyectos más importantes que se desarrollan en México durante el sexenio actual. Tres de estos se ubican en el sur sureste del País: el Corredor Interoceánico, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas en Tabasco; el cuarto, que es el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, en el centro del País. En esta ocasión trataré de describir de qué manera se beneficia México con la construcción de los megaproyectos mencionados, anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que inició funciones, como una palanca de desarrollo en la parte sureste y el centro del País.

Poco se ha reflexionado sobre el alcance de estas obras de infraestructura. Un megaproyecto es un desarrollo en el que se involucran grandes presupuestos estatales, junto con enormes capitales privados para modificar de manera radical un territorio, en función de las exigencias de un tipo particular de infraestructura. Las características y dimensiones de los megaproyectos ponen en juego intereses diversos, públicos y privados, y ponen de relieve el contraste entre los intereses nacionales y los de quienes habitan las zonas en las que se proyectan. Por su naturaleza, el tipo de desarrollo propuesto por los megaproyectos se ha acompañado de quienes se oponen a ellos.

En México, la brecha nacional entre ricos y pobres se agudiza entre los extremos geográficos del País. Mientras que en los estados de la frontera norte como Coahuila y Nuevo León la pobreza se ha reducido sustancialmente durante los últimos 10 años, los niveles de ingresos más bajos de la población es el sur-sureste, integrado por Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Campeche, existiendo porcentajes hasta 10 veces más altos de pobreza extrema en estos estados que en los del norte.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, la región sur-sureste del País se establece como la principal prioridad del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, al albergar grandes obras de inversión, como una estrategia de construcción de infraestructura con el fin de propiciar un desarrollo sostenible y sustentable.

Sin duda, el desarrollo de obras de infraestructura es un detonante de la actividad económica, el crecimiento y, desde luego, el empleo; ayuda a elevar los ingresos y el bienestar de las familias, pues no sólo crea empleos directos en su construcción, sino que también genera empleos indirectos en muchas ramas de la economía. Los alcances de los megaproyectos mencionados son: lograr el fortalecimiento del mercado interno y generar los encadenamientos productivos regionales, que permitan impulsar el bienestar de la población y el crecimiento regional en beneficio de la población más pobre.

Se plantea un cambio de paradigma en la dinámica económica del sur-sureste del País, región que cuenta con todo lo necesario para escribir su propia historia de éxito: con capital humano, recursos naturales y una posición geográfica estratégica y privilegiada.

El Corredor Interoceánico tendrá un costo de 20 mil millones de pesos (mdp) y unirá los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca; es considerado como la llave que abrirá la oportunidad de prosperidad y bienestar al Sureste de México, generando un millonario ahorro a las navieras de carga, por tratarse de una ruta más corta entre Europa y Asia que a través del canal de Panamá; también facilitará el transporte de carga entre México, Estados Unidos y Canadá.

El Tren Maya, con un costo de 321 mil mdp, espera reducir el Índice de Pobreza en 15 por ciento a lo largo de la ruta del Tren Maya y sacar de la pobreza a más de 100 mil personas. Para 2030 se espera crear 715 mil nuevos empleos en los 16 municipios donde se construirán las estaciones, de los cuales 150 mil corresponden a la economía rural y 80 mil en la construcción de los primeros cinco tramos de la línea.

La refinería de Dos Bocas, que costará 160 mil mdp, busca romper la dependencia del suministro de 70 por ciento de gasolinas y petrolíferos importados, sobre todo de EU. Su objetivo es procesar 340 mil barriles diarios de crudo pesado tipo Maya, en conjunto con las otras seis refinerías del País, con lo que se podrá alcanzar la soberanía energética al incrementar la oferta de gasolina y diésel y reducir la importación de estos combustibles. Se generarán en su construcción 23 mil empleos directos y 100 mil indirectos.

El Aeropuerto de Santa Lucía, tendrá un costo de 70 mil mdp y ha dado empleo a más de 23 mil personas de manera directa y a varios miles más de manera indirecta. Los tres aeropuertos internacionales: el Felipe Ángeles (AIFA), el actual de la Ciudad de México (AICM) y el de Toluca (AIT), podrán operar de manera simultánea en forma mucho más económica que el proyecto del Aeropuerto de Texcoco, que había propuesto el gobierno anterior. El nuevo conjunto aeroportuario constituirá una oportunidad para el desarrollo regional que, además de brindar servicios esenciales de transporte, será una fuente directa e indirecta de miles de empleos, estimulará el crecimiento de múltiples industrias y servicios, vigorizará la economía y contribuirá de manera plural al bienestar de la ciudadanía.