CIUDAD DE MÉXICO .- De cumplirse las amenazas del presidente electo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, de imponer aranceles a productos mexicanos, se abrirán dos escenarios para los exportadores.

El primero considera la permanencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual prevé mecanismos de defensa para México. El segundo supone la salida de EU del Tratado, lo cual implica que los aranceles sí son legales, pero siempre y cuando se apeguen a los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por ejemplo, si EU sigue dentro del TLCAN y unilateralmente el gobierno de Trump establece aranceles de 35% a  los  automóviles fabricados en México o a otros productos,  el artículo 2001 del acuerdo prevé mecanismos para solucionar controversias, esto es la etapa de consultas y la conformación de un panel de resolución. Otra opción para nuestro país consiste en acudir a la OMC, explica la directora de la firma consultora LMM Consulting, e integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), Luz María de la Mora.

Sin embargo, utilizar el  mecanismo de solución de controversias del TLCAN implica tener que enfrentarse a “errores de origen” de éste, como los problemas que para elegir a los panelistas que analizarán el caso, asegura en entrevista el juez del Órgano de Apelaciones de la OMC, Ricardo Ramírez.

Bajo las reglas actuales, se trata de un esquema para resolver disputas comerciales que por su falta de resultados tiene 15 años que no se utiliza, simplemente “no funciona pero es un problema de ese acuerdo y de muchos otros mecanismos regionales”, añade el experto.

Riesgos de guerra comercial, desabasto e inflación

De ahí que las controversias por aranceles que pudieran surgir entre México y EU tienen opción de resolverse en la OMC, casos que tomarían 12 meses o hasta dos años si llega el asunto al Órgano de Apelación, dijo el jurista del organismo internacional.

Sin embargo, en el supuesto de que EU se salga del TLCAN, hay que considerar que ese país tiene registrados diferentes aranceles para los productos ante la OMC. De modo que sí puede imponerlos sin ser una ilegalidad, advierte el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ignacio Martínez.

“Estados Unidos está en todo su derecho de imponer el arancel, sólo que en represalia otros países pueden aplicarle el mismo trato, porque eso lo permite la cláusula de Nación Más Favorecida de la OMC”, comenta Martínez.

Ese trato no solamente lo puede dar México, sino también los países europeos y asiáticos por las afectaciones que les causaría, dice el académico de la UNAM.

El problema es que imponer esos aranceles de un país a otro como medida de represalia desatará una “guerra comercial cuyas consecuencias no se pueden predecir”,  pero la historia ha demostrado que esa dinámica desata inflación, desabasto y desempleo, comenta Martínez.

Selección cuidadosa de la estrategia

De la Mora añade que también puede haber represalias si EU, aún dentro del TLCAN, decide unilateralmente aumentar aranceles. Entones, lo que procede consiste en buscar la solución primero vía pláticas o consultas, para luego conformar el panel que atienda el caso. Pero si con todo eso los estadounidenses mantienen el arancel y no acatan la resolución, entonces México puede solicitar una compensación, es decir que puede imponer una medida similar.

La especialista en comercio exterior, quien estuvo en la Unidad de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía, advierte que los recursos legales no pueden empalmarse, por lo que las autoridades y los actores económicos de México deben ser muy cuidadosos.

“Hay que recordar que el TLCAN establece en el artículo 2005 que ‘una vez que se haya iniciado un procedimiento de solución de controversias o bien uno conforme al GATT, el foro seleccionado será excluyente del otro.’ (Esto significa que) si se inicia al caso bajo el TLCAN se tendrá que esperar a que el proceso concluya totalmente antes de poder recurrir a los procesos de solución de controversias de la OMC”, concluye la experta.