En las dos entregas anteriores de este espacio hemos explicado cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador se alista a perpetrar un “fraude electoral” en las elecciones del año próximo, consistente en intervenir ilegalmente en los comicios para salvar del naufragio a su partido.

Para ello, como hemos dicho, está pavimentando el camino para disfrazar de “necesaria” e “indispensable” su intervención como “sensor” del proceso electoral federal. La principal línea discursiva utilizada por el Iluminado de Macuspana es bombardear al Instituto Nacional Electoral acusando a sus integrantes de ser “enemigos de la democracia”.

En el cálculo de nuestro Perseo de Pantano bastará con repetir suficientes veces el argumento para “normalizar” y “volver legal” su intromisión como propagandista de los candidatos de su partido. El problema, para él y los suyos, es la existencia de múltiples candados, constitucionales y legales, para impedir justamente intentos como este.

Más aún: esos candados se crearon porque él y los suyos demandaron en el pasado reciente su existencia y lo hicieron para “impedir” la intromisión ilegal de los presidentes y gobernadores en las elecciones constitucionales.

El primero de estos candados, introducido en 2007 en el artículo 134 de la Constitución, prohíbe de manera genérica -y, por tanto, amplia- el uso de recursos públicos con fines de promoción personal.

El primer párrafo de dicho artículo advierte: “los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Más adelante, en el octavo párrafo sentencia: “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”.

Especial énfasis debe ponerse en la expresión “bajo cualquier modalidad de comunicación social”, pues estas palabras son la clave de todo. ¿Cómo es esto? Pues muy simple: la directriz no admite excepciones y eso incluye entonces al instrumento propagandístico favorito del Presidente: la “mañanera”.

En su última parte, el párrafo octavo del artículo 134 constitucional es aún más específico: “en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Lo anterior es preciso leerlo junto al texto del artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo, también de la Constitución: “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público”.

Una vez más, la orden es genérica: debe suspender “toda propaganda gubernamental”. Y para no dejar lugar a dudas, la última parte del párrafo citado establece cuáles son las únicas excepciones a la regla: “las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”. La regla, conviene puntualizar, se añadió a la Constitución en enero de 2016.

Luego tenemos el artículo 6, apartado B, numeral IV, según el cual, en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, “se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, regla introducida en junio de 2013.

A la luz de estas reglas es preciso hacer notar las siguientes características de la homilía diaria de míster Yo Siempre Tengo Otros Datos:

Primero: la producción y transmisión de dicho programa de entretenimiento implica el uso de recursos públicos en equipo, personal y espacios físicos, por sólo citar algunos rubros.

Segundo: Se trata de una modalidad de propaganda y eso no lo puede desvirtuar ni toda la verborrea presidencial, ni la vociferante maquinaria propagandística disfrazada de “periodismo ciudadano” lubricada desde Palacio Nacional.

Tercero: incluso hoy, cuando todavía no inicia el proceso electoral, López Obrador ya ha violado la ley porque dedica mucho del tiempo de su programa cómico a promoverse personalmente, así como a difundir propaganda disfrazada de contenido “informativo”.

¿Cuántas denuncias electorales provocará “La Mañanera”? Un número nunca antes visto… guarden este tuit.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx