Sin duda, dentro de los crímenes más atroces que pueden cometerse, la desaparición de personas encabeza la lista. Por ello, como lo señalé en este mismo espacio en julio de 2018, la desaparición de personas en México es uno de los principales retos a los que se enfrenta el actual Gobierno.

La magnitud del problema queda demostrado al conocer el número de registros de personas desaparecidas en nuestro País. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), existen en México más de 75 mil personas desaparecidas y no localizadas.

Por ello, miles de familiares de personas desaparecidas, muchas de ellas reunidas en colectivos distribuidos en toda la República, se manifestaron; organizaron ruedas de prensa o realizaron eventos académicos –la mayoría de manera virtual debido a la pandemia– para conmemorar, el pasado domingo 30 de septiembre, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

En el marco de esa conmemoración, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cumplir una de las promesas que, probablemente, podría considerarse la acción más significativa en lo que va de su administración.

Unos días antes de cumplir un año de haberse comprometido con las familias, decidió proponer al Senado la aceptación de la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.

Desde la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Convención Internacional) –el 23 de diciembre de 2010– y hasta ahora, el Comité sólo tenía, entre otras, la facultad de revisar las medidas que en México se venían adoptando para cumplir con la Convención Internacional.

La aceptación de la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas es una de las tantas peticiones en las que, a nivel federal, las familias de personas desaparecidas han insistido desde hace mucho tiempo. A pesar de haberlo solicitado a los dos anteriores presidentes de la República, no existía el mínimo interés, por parte de las autoridades mexicanas, en que el Comité pudiera conocer casos individuales.

De hecho, a pesar de que el presidente López Obrador se había comprometido a dar seguimiento a la aceptación de la competencia del Comité, tuvo que pasar casi un año –y mucha presión por parte de las familias– para que el Ejecutivo federal enviara al Senado la propuesta de aceptación.

Fue el 25 de agosto cuando el Senado recibió la propuesta y, de manera urgente, el pleno la discutió y aprobó por unanimidad durante la primera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del tercer año de la LXIV Legislatura.

No obstante, el trámite aún no está finalizado. El Senado ya ha remitido al Ejecutivo la declaración de aceptación de la competencia, por lo que ahora le corresponde al Gobierno federal presentarla ante la Secretaría General de las Naciones Unidas para que el proceso esté completo.

Como ya lo he mencionado, con la declaración de aceptación de la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas, este organismo podrá recibir, de manera directa, comunicaciones y casos individuales. Es decir, las familias podrán hacer llegar al Comité la petición para conocer y pronunciarse sobre la desaparición de sus seres queridos.

Es evidente que la aceptación de la competencia del Comité representa una nueva esperanza para las familias. Sin embargo, su puesta en práctica y la obtención de resultados positivos no serán una tarea sencilla.

Ello debido, entre otras cosas, a la magnitud del problema de las desapariciones forzadas que queda evidenciado al conocer el número de personas desaparecidas en México, la ausencia de investigaciones serias y confiables por parte de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías locales, así como los pocos resultados respecto a la cantidad de personas localizadas, sobre todo si tomamos en cuenta los casos de larga data.

No obstante, es necesario aprovechar la voluntad política y continuar insistiendo en la verdadera preocupación y atención de la grave problemática que representa la desaparición de personas en México.

Sin duda la aceptación de la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas es una acción que debe reconocerse y aplaudirse. Pero no al Gobierno, sino a las familias, quienes incansablemente luchan por los derechos de sus seres queridos desaparecidos ¡hasta encontrarles!

@carlos_zamorav

El autor es investigador del Centro de Educación para los Derechos Humanos

de la Academia IDH Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH