El próximo martes 4 de abril tendrá lugar un evento que marcará un antes y un después en materia de coordinación gubernamental y participación ciudadana: en esa fecha se instalará el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), integrado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana —quien, a su vez, lo presidirá—, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Es importante entender que la arquitectura del SNA refleja una serie de postulados —en su mayoría inéditos en la gestión gubernamental de nuestro país— que hacen patente un nivel de compromiso y de integración cualitativamente distinto a los que hasta ahora se habían emprendido para abordar el tema de la corrupción.

De manera muy ostensible, se da a la participación ciudadana un rol operativo en el diseño y la conducción de esta estrategia de Estado; representa a la vez a aquellos sectores que se ven afectados por este fenómeno, pero también a la corresponsabilidad en la que han incurrido distintos actores de la sociedad en el establecimiento de relaciones irregulares con el ámbito gubernamental.

Las vertientes de la auditoría gubernamental, la interna, vinculada con la labor de las contralorías y los órganos de control interno, y la externa, a cargo de las entidades fiscalizadoras superiores, jugarán un papel de la mayor importancia, además de los temas de su competencia, en la detección de riesgos y áreas del ejercicio gubernamental que presenten vulnerabilidades a la corrupción; de hecho, sería indispensable que toda institución oficial, pero también todas aquellas empresas con una relación significativa con el gobierno, definan sus respectivas áreas de riesgo en cuanto a la comisión de irregularidades, y las hagan del conocimiento público.

Las distintas instancias legales que forman parte del SNA, por su parte, introducirán importantes modificaciones en la manera de impartir justicia, de manera expedita, ante casos que requieran desde una sanción de tipo administrativo hasta la conducción de juicios penales en contra de los presuntos infractores. Cabe señalar además la importancia que se da a la transparencia y al acceso a la información en las acciones anticorrupción, representada por la participación de la máxima institución en la materia.

El éxito de este esfuerzo institucional, que entra en el interés de toda la nación, no debe verse empañado por actitudes que, más allá de ser una crítica bienintencionada, parecen más un afán de protagonismo, o de resentimiento respecto a los resultados de un proceso en el que, de manera excepcional, se ha procedido con plena transparencia y pulcritud. Precisamente, el protagonismo puede erigirse en el peor enemigo del SNA; ya sea que se manifieste en su interior o provenga del exterior. No se trata de ventilar una indignación alimentada por frustraciones personales de quienes pretenden asumir una actitud de superioridad moral, sino de aportar y participar con ideas concretas, a través de los canales institucionales establecidos al efecto. 
Basar la argumentación en meros recursos retóricos, ya muy dichos, es cosa del pasado.
Todos tenemos el derecho de pronunciarnos, aun de manera superficial, respecto a los méritos y a los defectos de crear, desde cero, un aparato de la envergadura del SNA; sin embargo, tanto el momento histórico como la propia sociedad, reclaman, de todos aquellos interesados en la rendición de cuentas en nuestro país, una actitud objetiva, madura y constructiva. El escepticismo es válido cuando está sustentado en conceptos e ideas técnicamente sólidas, no en información parcial, fuera de contexto y que, en resumidas cuentas, muestra hostilidad hacia un proyecto de la mayor importancia para México. Debemos concentrarnos, todos, en que los Sistemas Nacionales de Transparencia, de Fiscalización y Anticorrupción, inicien su actuación; dejemos atrás cualquier otra consideración.

Auditor Superior de la Federación