Se ha dicho en múltiples ocasiones y en todos los tonos posibles: uno de los principales problemas de nuestra sociedad no es que la ley se viole sistemáticamente, sino que ello ocurra de forma impune y, sobre todo, que los principales ejemplos de tal conducta sean quienes tienen a su cargo responsabilidades públicas.

Porque la violación normativa es un hecho común y corriente en todas las sociedades del mundo. La diferencia entre una sociedad en la cual existe el estado de derecho y una en donde eso es sólo una aspiración es que en la primera las violaciones a la ley se persiguen y castigan.

En el caso de nuestro País, hemos perseverado largamente en una cultura de incumplimiento de las normas, al grado de convertirnos en una comunidad de cínicos en donde las personas “inteligentes”, las “listas”, las “admirables”, son aquellas que logran sus objetivos violando de forma intencional las reglas.

Tal conducta es coronada con el ingrediente perfecto: hacer lo necesario para que todo mundo se entere de la “sagacidad” del infractor y que su conducta se convierta en modelo a imitar.

¿Cómo se modifica tal realidad? La respuesta es tan simple como contundente: persiguiendo y castigando a quienes pretenden convertir a la impunidad en característica permanente de su quehacer.

Pero hacer tal implica, necesariamente, tomar una decisión política orientada a romper las cadenas de complicidad sin las cuales resulta imposible que la impunidad pase de ser un hecho aislado a convertirse en característica omnipresente de la vida pública.

Por ello, cuando se atestiguan acciones que buscan combatir en serio la impunidad; es decir, acciones para perseguir y castigar a quienes violan la ley, no debe regatearse el reconocimiento ni el apoyo para que la autoridad persista en su determinación de luchar contra la impunidad.

Es el caso del reporte periodístico que publicamos en esta edición relativo a la decisión, adoptada por el Gobierno de Coahuila, de investigar y castigar la participación de los notarios públicos de Coahuila en las acciones que han dificultado en los últimos meses la actividad del Registro Público de la Propiedad de nuestra entidad.

Como hemos publicado en múltiples ocasiones, la operación del RPP se ha visto obstaculizada por la existencia de una red de intereses de la cual, de acuerdo con las investigaciones realizadas, participan no pocos notarios de la entidad, quienes se han coludido con empleados del Registro y con desarrolladores inmobiliarios que corrompieron la actividad de la dependencia para beneficio propio.

Hoy, tras investigar la participación de más de medio centenar de notarios en esta red de corrupción, se ha retirado el fíat a uno de ellos, lo cual constituye una acción destacable que debe ser felicitada. Ahora habrá que perseverar en la medida para garantizar que la impunidad sea erradicada.