Hablar de corrupción en México nunca es fácil: los indicadores para medirla apenas se mueven, se quedan estancados o retroceden drásticamente de un año a otro. Tal como lo demuestra el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, durante 2016 nuestro país tuvo un retroceso de 28 lugares, pasando de la posición 95 a la 123 de entre 176 países. Entre 1995 y 2015, México sólo fue capaz de avanzar cuatro puntos en su calificación dentro de este índice, y el Reporte sobre Competitividad 2016-2017, elaborado por el Foro Económico Mundial, nos ubica en el lugar 116 de 138 por la debilidad institucional y la corrupción.

Sin duda, la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el arranque de labores del Instituto Nacional de Acceso a la Información (antes Ifai) han constituido avances importantes para hacer frente a estos retos; sin embargo, esto no ha sido suficiente para lograr mejoras significativas en el combate a la corrupción.

En el sector empresarial, una de nuestras principales preocupaciones es poner fin a la corrupción. En nuestra agenda, “Visión México”, hemos establecido la meta de que haya cero tolerancia a la corrupción y proponemos acciones concretas para lograrlo. En este sentido, presentamos y respaldamos propuestas dirigidas al fortalecimiento del Estado de Derecho, como la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción y la homologación de las leyes estatales de transparencia con la legislación federal.

Sin embargo, en la implementación de este sistema preocupa que siga postergándose el nombramiento de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción o Fiscalía Anticorrupción. Es necesario que se pase de las intenciones a las acciones y se nombre a un fiscal en un proceso transparente que permita garantizar su independencia. En “Visión México” proponemos reformas a las leyes del SNA para corregir esta situación y empoderar a la Fiscalía Anticorrupción.

Este nombramiento es una pieza fundamental para echar a andar la fiscalía y comenzar a trabajar en el combate frontal a la corrupción. Cabe recordar que, como se estableció en el Manual de Operaciones de la Procuraduría General de la República, sin el nombramiento del fiscal no se pueden ejercer las 20 facultades que tiene la Fiscalía y se retrasa el nombramiento de los titulares de las unidades operativas y agentes ministeriales. En tanto se siga aplazando el nombramiento de su titular, la Fiscalía Anticorrupción sigue y seguirá existiendo sólo en papel.

México debe avanzar en todos sus frentes y con todos los instrumentos del Estado en este combate. En línea con ese objetivo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) apoyará la implementación de las medidas propuestas esta semana por el Foro Económico Mundial: fomentar la confianza y la integridad a través de plataformas educativas, desarrollar soluciones digitales para reducir la discrecionalidad en la realización de trámites, y compartir más y mejor información para los ciudadanos.

Estamos convencidos de que el uso de la tecnología es un elemento fundamental para promover la transparencia, empoderar a la sociedad, impulsar la rendición de cuentas y limitar la posibilidad de sobornos en las actividades que involucren la colaboración entre gobierno y sector privado. A la vez, avanzar en la desregulación es una herramienta fundamental para el combate a la corrupción. A menor cantidad de trámites, menos ocasión para la discrecionalidad, la arbitrariedad y los pagos indebidos.

De la mano de “Visión México”, el sector empresarial seguirá participando activamente en la construcción de un país libre de corrupción. Un país donde el que la hace, la paga; donde el que tranza no avanza y donde la construcción de la justicia se hace por todos y para todos.
Twitter: @jpcastanon