Es difícil saber si el nuevo gobierno garantiza el fin de un régimen o su continuidad. No son alentadoras las señales contradictorias que, desde ya, envían Andrés Manuel López Obrador, sus colaboradores y legisladores.

Las reculadas del Presidente electo de sus promesas de campaña, generan una duda razonable de si habrá castigo o impunidad ante las acusaciones de actos de corrupción como los de Odebrecht y "La Estafa Maestra" que describen el saqueo que sufrió el país por parte de la camarilla de Peña Nieto. Vamos a ver si se anima a cumplir al electorado que votó por un cambio de régimen que combata la corrupción, o se decanta por cumplir acuerdos con el gobierno saliente de no tocarlos ni con el pétalo de una rosa.

Peña prefirió hacerse el disimulado ante los escándalos de corrupción que plagaron su mandato; Rosario Robles, SCT, y los gobernadores que indignaron al país podrían escapar por las coladeras del disimulo. Si hubo un pacto para cubrir las espaldas de Peña Nieto y sus colaboradores, nos vamos a enterar en su momento.

El problema es que si no hay castigos difícilmente se combatirá de fondo la corrupción y no estamos hablando de cualquier cosa. El asunto Rosario Robles en la Sedesol y la Sedatu, documentado por la Auditoría Superior de la Federación, nos habla de un modus operandi de este gobierno en el que la marca fue la triangulación de recursos a través de empresas fantasmas. La pregunta es si así, sin más, veremos irse tranquilos a todos los funcionarios peñistas a sus casas, o al menos pasarán por las comparecencias en la Cámaras sin mayores consecuencias.

El mandato en las urnas fue muy claro, queremos un cambio radical, que se barra la corrupción de arriba hacia abajo.

El caso Robles es una gran oportunidad para demostrar la voluntad de ir a fondo en el combate a la corrupción, porque hay todos los elementos documentados: mil 900 millones desviados durante sus gestiones de Sedesol y Sedatu. Y no es una consigna de un medio de comunicación, son las conclusiones de la Auditoría, de los que se pagaron 700 millones en efectivo a empresas fantasmas.

Porque nadie detectó este saqueo que fue operado durante años; nadie hizo caso a la Auditoría, ni el SAT; ni la Unidad de Inteligencia Financiera; ni la PGR, mucho menos los órganos de control interno de Sedesol y Sedatu. Como si la ley no prohibiera el pago en efectivo a proveedores. Nadie investigó la red de complicidades al amparo del poder.

Si los casos documentados no se investigan ni se castigan, qué podemos esperar de otros, por ejemplo Odebretch, que es la fecha en la que nunca se le ha ido a tomar declaraciones a los inculpados en Brasil, para que declaren sobre su forma de operar en México y su relación con Emilio Lozoya. En todos lados hay responsables, en México sólo hay amparos.

El carisma mal utilizado puede llevar al país por una senda equivocada. Hay algo que no debe confundirse en el nuevo gobierno, castigar la corrupción, cerrarle la puerta a la impunidad, no se trata de venganza, se trata de justicia para el pueblo de México. Ningún gobierno que se considere de izquierda puede perder de vista eso.

Por cierto, nos da esperanza que en la Unidad de Inteligencia Financiera estará un hombre probo como lo es Santiago Nieto, que conoce muy de cerca el caso Odebretch. Deseamos que haga un buen papel.

@beatriz_mojica