BOGOTÁ.- El acuerdo para la dejación de las armas de las FARC, con el monitoreo de Naciones Unidas, convierten las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, como irreversibles, a pesar de las diferencias existentes en cuanto a la refrendación del Acuerdo General para poner fin a 50 años de guerra interna.

En la última semana, el proceso de paz que se negocia en La Habana, desde noviembre de 2012, se direccionó hacia su recta final para firmar en 2016 el Acuerdo General de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los acuerdos que han logrado las partes en La Habana en los últimos seis meses blindaron las negociaciones y las hacen irreversibles por la voluntad política de avanzar y finiquitar el largo capítulo de la guerra, al menos el que tiene que ver con las FARC, el grupo insurgente más importante de Colombia.

El acuerdo sobre Justicia Transicional, firmado en septiembre con la presencia del presidente de Cuba, Raúl Castro, definió la restricción hasta por ocho años para aquellos insurgentes que acepten sus responsabilidades y se definió un Tribunal Especial para la Paz.

Este era uno de los puntos cruciales en la agenda de diálogo con las FARC, porque estaba directamente relacionado con el derecho de las víctimas de la guerra.

Es un acuerdo donde las partes aceptan sus responsabilidades con casi 7.5 millones de víctimas que están registradas en Colombia.

Este acuerdo sobre Justicia Transicional, que por principio es imperfecta, pero necesaria para poder cerrar el capítulo de la guerra, y generar espacios hacia la paz, el perdón y la reconciliación, fue apoyado y valorado por Naciones Unidas, gobiernos de Europa y América.

Incluso la Fiscal General de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Besouda, comentó - pocos días después del acuerdo - que estaba optimista porque se excluía la “concesión de amnistías por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y que está diseñado, entre otras cosas para poner fin a la inmunidad por los crímenes más graves”.

Luego llegaron las decisiones de las FARC de mantener el cese bilateral de sus acciones militares, lo que se ha cumplido a cabalidad, de acuerdo con el informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

Según el monitoreo que hizo el CERAC, la confrontación armada entre la guerrilla y las Fuerzas Militares de Colombia “se detuvo por completo” en los dos últimos meses.

El 15 de diciembre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC firmaron un acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado, que incluyó: Derechos humanos de las víctimas, verdad que “satisfaga las reivindicaciones de quienes han sido afectados por la larga confrontación”.

“Mediante estos nuevos consensos e importantes medidas y acuerdos de desescalamiento, hemos dado un paso fundamental de avance para la construcción de la paz estable y duradera y la finalización de una guerra de más de medio siglo que ha desangrado al país”, señaló la declaración conjunta de las partes.

Este acuerdo fue bien recibido por la mayoría de las organizaciones no gubernamentales que agrupan a las víctimas de las FARC, del Estado y de los grupos paramilitares de la extrema derecha, así como de importantes sectores políticos y de la comunidad internacional.

En lo que va de enero de 2016, las partes lograron el acuerdo sobre dejación de las armas de las FARC, bajo la observación y monitoreo de Naciones Unidas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

La decisión de las FARC de dejar las armas, es un paso gigante en la mesa de negociaciones en La Habana, es un salto estratégico del grupo armado para buscar sus objetivo de llegar al poder, por el camino de la política, de las urnas, pero antes con un adiós a los fusiles.

Lo que está claro en el grupo insurgente, y así lo debe entender la sociedad colombiana, es que las FARC, tienen todo el derecho de convertirse en movimiento político con vocación de poder, que es una de las esencias de cualquier partido político en el mundo.

Para refrendar la decisión de entrega de armas, los negociadores suscribieron otro acuerdo, en la última semana, que busca ajustar el cronograma de trabajo de los negociadores plenipotenciarios y sus respectivas subcomisiones.

El Acuerdo General de Paz, será una realidad, y 2016, como dijo recientemente el presidente Santos, será el año de la paz, el inició de una área de post-conflicto, que vendrá de la mano del perdón y la reconciliación.

Lo que falta para llegar a la firma del acuerdo final, son fundamentalmente decisiones políticas que tienen que ver con el número de zonas donde se concentrarán los insurgentes, condiciones de seguridad, tiempos y que se hará con las armas que entreguen, entre otros aspectos logísticos.

Además los negociadores tienen que abordar asuntos que quedaron sueltos y sin resolver en temas agrarios y tenencia de tierras, participación política de las FARC, lucha antidroga, y refrendación del Acuerdo General de paz, por parte del pueblo colombiano.

En este punto de refrendación, hay diferencias entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que a la vez se ven reflejados en el debate político nacional.

Mientras el gobierno de Santos le apuesta a un plebiscito para que los colombianos voten por el Sí o por el No a lo pactado en La Habana, las FARC planten una Asamblea nacional Constituyente, que paradójicamente es una propuesta que también plantean los sectores de la extrema derecha colombiana, liderada por el ex presidente Alvaro Uribe Vélez.

Para Santos y su equipo negociador la firma del acuerdo final se mantiene para el 23 de marzo, como lo acordaron a finales del año pasado el jefe de Estado y el máximo líder de las FARC, Timoleón Jiménez (Alias Timochenko).

Pero los negociadores de las FARC en La Habana no están muy convencidos de la fecha del 23 de marzo para firmar el Acuerdo General de Paz, y consideran que “no puede ser una camisa de fuerza”.

La fecha del 23 de marzo, en las actuales condiciones de las negociaciones en La Habana, no es preponderante si por encima de ella está la necesidad de afinar unos acuerdos sólidos en términos políticos y de seguridad jurídica en el corto y largo plazo, por el bien de la paz y la reconciliación de los colombianos.