Buenos Aires.- Cientos de personas convocadas por colectivos de transexuales, transgénero y travestis se manifiestan hoy en distintos puntos de Argentina para reclamar el fin de la discriminación laboral y de los travesticidios, una semana después de la primera condena por un crimen de este tipo en el país.

En coincidencia con la conmemoración internacional del Día del Orgullo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer (LGBTIQ), se celebra la tercera marcha nacional contra los homicidios por odio a la identidad de género, que en lo que va de año alcanzaron la cifra de 41, según organizaciones locales.

"No solamente hablamos de crímenes de odio, sino de crímenes evitables. En Argentina, la expectativa de vida es de 80 años y la comunidad travesti no llega a los 35. Por eso decimos que ¡basta de matarnos!", señala en una entrevista con Efe Florencia Guimaraes, activista travesti y feminista y "sobreviviente de prostitución", como ella misma se define.

Este año, la manifestación -que se replicará en varias ciudades y tendrá su acto central en Buenos Aires, donde marcharán desde la Plaza de Mayo hasta la sede del Congreso- estará marcada por el histórico fallo emitido el pasado 18 de junio por el homicidio de la activista transexual Diana Sacayán en 2015.

Por este caso, un tribunal argentino condenó a un joven de 25 años a prisión perpetua, la primera sentencia en el país que tuvo en cuenta el odio de género en un asesinato, lo que se conoce como "travesticidio".

"Nos tiene todavía muy conmovidas", revela Guimaraes, quien señala que también es necesario celebrar "estas conquistas de todas las travas".

Aun así, admite que no tenía expectativas del juicio porque es la misma "justicia patriarcal" que, durante décadas, les "negó el derecho a la identidad" hasta la sanción de la ley de identidad de género en 2012 y que, en la actualidad, las sigue "encarcelando" y "criminalizando".

Otro de los reclamos principales de la manifestación es que se implemente la ley de cupo trans que ya fue aprobada en la provincia de Buenos Aires en septiembre de 2015 y que establece que el 1 % de los puestos en municipios tienen que estar ocupados por personas transgénero, transexuales o travestis.

"Seguir exigiendo algo que es ley es ilógico", denuncia la activista al recordar que aún no se puso en marcha la norma, que lleva el nombre de Sacayán.

A su juicio, serviría para "resarcir todo el daño que se ha ejercido" sobre ellas y acabar con el hecho de que el 90 % del colectivo "trans" tenga la prostitución "como único medio de subsistencia".

"No tenemos un abanico de posibilidades para elegir: 'quiero ser puta, quiero ser maestra, quiero ser diputada'. El sistema ya nos condenó y nos dijo que vamos a estar en una esquina. ¿Cómo no nos vamos a rebelar ante esa imposición sobre nuestras identidades?", afirma.