Resulta difícil recordar un periodo en el que la liquidez del Gobierno de Coahuila presentara dificultades para hacer frente a los compromisos de fin de año, particularmente los relativos a las prestaciones laborales de quienes pueblan la nómina pública.

Pero algo ha ocurrido en este 2018 que obliga a cuestionar respecto de la planeación financiera del Gobierno de Coahuila, o de la coordinación entre el área de finanzas local y la Secretaría de Hacienda a nivel federal.

El asunto hizo crisis ayer, cuando un grupo de trabajadores del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) bloqueó calles del centro histórico en demanda del pago de su salario y prestaciones de fin de año que, aseguran, no les había sido depositado.

Antes de eso, como se publicó en su momento, los integrantes de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación habían señalado su extrañeza por el “retraso” en el pago de su aguinaldo, debido a que, por regla general, se les liquidaba varios días antes del 20 de diciembre, fecha que la ley marca como límite para cumplir con dicha prestación.

La información que se encuentra disponible respecto del desempeño de la economía nacional no contiene indicio alguno respecto de la existencia de problemas que supongan una crisis en el flujo de caja que provocara los retrasos que hemos visto en estos días.

Y si no es un problema de disponibilidad de recursos, entonces debe ser uno de carácter administrativo el que esté provocando este retraso en pagos que se encuentran programados en la estructura presupuestal del Gobierno de Coahuila desde el primer día del año.

Si tal es la realidad, entonces resulta obligado preguntar por qué no se informa de manera oportuna a los afectados, a fin de que no se registren vacíos de información que provoquen reacciones como la de ayer, mismas que generan afectaciones a más personas debido al estrangulamiento de las calles del centro de la ciudad.

Por otra parte, el hecho de que no se informe respecto de las razones del retraso en los pagos también genera nerviosismo en otros sectores de la economía, particularmente entre quienes son proveedores del Gobierno del Estado y pueden, a partir de estos hechos, considerar que existe una “crisis financiera” y esta podría afectarles también.

Ayer por la noche, el Gobierno de Coahuila emitió un comunicado en el cual afirma que no solamente ha cumplido con el 100 por ciento de sus aportaciones para el pago de nóminas del ITS, sino que ha realizado aportaciones extraordinarias por más de 30 millones de pesos.

Lo más sano, sin embargo, sería que la administración estatal no esperara hasta que los vacíos informativos se llenen con especulaciones para salir a explicar por qué no se ha cubierto determinado pago, especialmente si este se relaciona con prestaciones laborales.

Si, como se ha dicho, no es el Gobierno de Coahuila el que ha fallado en este caso, no tendría por qué pagar los platos rotos. Pero para que eso no ocurra es preciso desplegar una política de comunicación más eficaz.