A propósito del reciente escándalo sobre la irregular donación de alrededor de mil ejemplares provenientes de una biblioteca especializada en arte a una universidad privada en perjuicio de Casa Purcell, urge a revisar -en contraparte a la demagogia oficial- la larga historia de atentados contra el libro en Coahuila y su carácter de patrimonio público a lo largo de casi un siglo.

Pérez Treviño, sátrapa original

El primer atentado contra el patrimonio bibliográfico de Coahuila data de 1929. Siendo su artífice el general callista, fundador del PRI y entonces gobernador Manuel Pérez Treviño. Mucho antes que la biblioteca Múzquiz Blanco, en la Alameda, hubo otra que data de 1888 y estuvo conformada con acervo del colegio de San Juan y donaciones conseguidas por el poeta Jacobo M. Aguirre. Clausurada por orden del primero, sus libros fueron a parar a los sótanos del Palacio de Gobierno, donde sucumbieron al tiempo y la humedad. En 1933, Vito Alessio Robles escribió contra ese atropello: “Durante la administración de Pérez Treviño se registró el acto increíble de clausurar la Biblioteca Pública de una ciudad culta, como lo es Saltillo, que contaba con diez mil volúmenes. Ciudad que tiene biblioteca es un faro, ha dicho alguien. Treviño la clausuró; el interino Neira la mantuvo cerrada, Nazario Ortiz Garza la consideró innecesaria y Saltillo es una ciudad que no es faro”. El infame papel de Treviño no terminaría ahí: encomendado como embajador por Cárdenas en los primeros meses de la Guerra civil en España, sería depuesto por su abierto apoyo a los partidarios de Franco, como cuenta “El vendedor de silencio”, la más reciente novela de Enrique Serna. Acá en Coahuila, le dedicaron una calle y una rara estatua.

Cierre de bibliotecas Ildefonso Villarelo y Elsa Hernández

En años recientes, hubo otro que a pesar de venderse como amante de la cultura no le tembló la mano para cerrar dos bibliotecas de larga tradición, acervo y afluencia: la Ildefonso Villarelo y la Elsa Hernández, en el centro. En entrevista para Vanguardia, en 2017, se justificó así: “Los muchachos van cada vez menos, porque ahora todo lo encuentran en el internet”. Desde el Paralibros de la Alameda, donde envejecen bajo candado “Es que nadie sabe dónde está la llave” (Vanguardia, abril 23, 2018) o la cuasi inoperancia de las bibliotecas públicas aún antes de la pandemia, el acceso a los libros para el ciudadano común de Coahuila parece de una negación encarnizada. ¿Aún existe la biblioteca de la Capilla Landín? Y la biblioteca del centro de las letras Óscar Flores Tapia ¿Está abierto al público?

Cierre de Librería Educal

Tras el arrasamiento de la calle de las librerías (Cristal, Martínez, Zaragoza) la última en el centro era  Educal. Variada, accesible y con títulos a precios razonables. Ello no bastó para que cerrara, debido al cambio de sede de la AIDH al ex edificio de la SEC. Hoy, a un lustro de aquello, la millonaria Academia de derechos humanos sesiona cada quien sabe cuánto y en otras sedes. En el edificio semi abandonado y arrebatado como centro cultural a la ciudad de Saltillo por un capricho autócrata, los libreros vacíos continúan empolvándose.

Veto a la  Ley de Fomento al Libro

Ante la pobrísima distribución una Ley de depósito legal parecería ser la solución. Hace casi una década que Víctor Moncada formó un grupo de trabajo para formularla. Cuando sólo faltaba que se votara, subordinada a la Ley de Cultura, fue “absorbida” y desapareció. Quizá Gerardo Segura y José Palacios, entonces asesores de los diputados que manejaron aquel tema, podrían alumbrarnos sobre las misteriosas razones tras su veto.

Cierre de librería Acequia Madre

El aciago ejemplo de Pérez Treviño prosiguió en los primeros años de la administración municipal. De forma tajante Iván Márquez cerró también la Librería Acequia Madre, en el Teatro García Carrillo. La única que ha existido dedicada a autores coahuilenses. Es fecha que no se informa dónde están sus miles de volúmenes (literatura, arquitectura, historia, plástica, dramaturgia) con ediciones de la SEC, el propio IMCS, la UAdeC y fondos regionales que fueron desalojados sin razón.

Desfalco a biblioteca en Casa Purcell

El problema no es que una universidad privada "resguarde" este acervo. El problema es que la donación es ilegal. Los bienes culturales de carácter público no pueden ser enajenados por nadie. Si Márquez quiere verse generoso, que compre mil libros de su bolsa, los que él quiera y los regale. No basta que digan que la van a devolver. Falta que se haga pública la lista total de los volúmenes y se formalice su devolución en el plazo acordado. Sin embargo, los símbolos son ominosos. Pareciera irreversible la privatización de los espacios y acervos que pertenecen a todos. Casa Purcell en su mejor época albergó un centro digital y de diseño, una videoteca, un museo interactivo, visitas  guiadas –hasta una cafetería– además de las habituales muestras de arte, siempre con gran concurrencia. Hoy, el panorama es desolador: si luego de 30 años cejara en su labor, como tantos otros lugares  abolidos en todo este siglo de priísmo recalcitrante y caprichos autócratas ¿También nos vamos a cruzar de brazos?

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