Hace un año publiqué, a propósito de la resolución del Tribunal Electoral de Coahuila sobre la declaración de validez en los comicios de Gobernador, que la terna de magistrados locales veía dos caras de un mismo asunto.

Ramón Guridi un extremo, y Valeriano Valdés y Elena Treviño el otro.

Mientras el primero consideró que hubo “violaciones graves, serias, generales y determinantes” en el proceso electoral, los segundos juzgaron que hubo “irregularidades leves, accesorias, aisladas, eventuales, circunstanciales e intrascendentes”. Así, al ser un órgano colegiado, el dos a uno fue suficiente para imponer su visión mayoritaria pese a tratarse de interpretaciones irreconciliables.

Pues acaba de suceder algo parecido, pero a nivel nacional.

Al momento de redactar estas líneas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación delibera validar o anular la elección de Gobernador en Puebla, celebrada el pasado 1 de julio. La nulidad implicaría desconocer el triunfo de la panista Martha Erika Alonso y convocar a nuevos comicios, esta vez organizados por el INE y no por el organismo público local, de quien se pidió inclusive la remoción de consejeros debido a su parcialidad en el proceso.

Lo interesante aquí es el doble rasero para juzgar ya que los hechos impugnados fueron prácticamente los mismos a los denunciados hace un año en la elección homóloga de Coahuila, sin embargo el cambio de criterio es escandaloso.

En el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas, se acreditó que tres agravios en particular tuvieron “un impacto determinante sobre el resultado y condiciones de validez de la elección” en Puebla: violencia en casillas durante la jornada electoral, robo de urnas y boletas, y especialmente “vulneración a la cadena de custodia” de paquetes en bodegas. “Las irregularidades suscitadas en la etapa de resguardo impiden conocer de manera real si el contenido de los paquetes es el fiel reflejo de la voluntad ciudadana”, sentenció el juzgador.

Hace poco más de un año, irónicamente, su compañera Mónica Soto Fregoso proyectó validar la elección de Coahuila pese a que coincidentemente se identificaron idénticas irregularidades, al determinar que “no quedó acreditada con elementos de prueba idóneos y suficientes la violación a la cadena de custodia”. Y entonces Vargas no tuvo un rol secundario, actuó decididamente a favor del statu quo al grado de cuestionar en plena sesión del 24 de noviembre la presencia en ella de Reyes Rodríguez, a sabiendas que sería el único magistrado que a la postre criticaría el resultado favorable a la Coalición encabezada por el PRI, emitiendo un voto razonado. Días atrás, de igual forma, defendió rabiosamente a Soto cuando a ésta se le impugnó públicamente gracias a sus evidentes vínculos con el PRI.

Dichos casos permiten ver las entrañas de algunos quienes temporalmente ocupan las siete sillas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: obsequiosos al poder presidencial en turno, hacen política; deciden en función de intereses personales y de grupo, de acuerdo a las circunstancias del momento. Son una vergüenza de autoridad.

En el juicio correspondiente a Coahuila, en la Sala Superior se argumentó el 24 de noviembre de 2017 que, como ya había revisado y resuelto el Tribunal Electoral de Coahuila, no había irregularidades fundadas en la cadena de custodia y resguardo de paquetes. En el juicio correspondiente a Puebla, en cambio, en la Sala Superior se argumentó el 8 de diciembre de 2018 que sí había irregularidades fundadas en la cadena de custodia y resguardo de paquetes, pese a que el Tribunal Electoral de Puebla ya había revisado y resuelto que no.

CORTITA Y AL PIE

Un ejemplo para dimensionar la equivalencia entre ambos asuntos: en Puebla fue anulada la votación en 59 casillas. En Coahuila, por su parte, se anularon 67.

No es casualidad. La forma en que opera electoralmente Rafael Moreno Valle (esposo de Marta Erika) es muy similar a la de Rubén Moreira Valdez (impulsor de Miguel Riquelme). Ambos comparten más que un acrónimo (RMV).

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Al momento de redactar estas líneas la votación en la Sala Superior está dividida y la validez de la elección de Puebla está en el aire. Siendo congruentes, un tratamiento similar debió recibir la de Coahuila en su momento, y no ser rechazadas de forma unánime todas las pruebas.

El juicio actual, lo sabemos, no es retroactivo ni causa efectos sobre una cosa juzgada. Aunque sí confirma la hipótesis: el sistema electoral mexicano es una muy costosa farsa.

@luiscarlosplata