En cuatro años y medio, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Agentes del Estado contabiliza 987 asuntos iniciados por presunta tortura cometida por agentes del estado.

La cifra la proporcionó la misma Fiscalía en respuesta a una solicitud de información de un particular. La cifra retumba: 987, prácticamente un posible caso de tortura cometido por los policías estatales cada 36 horas.

El dato no es menor por varias razones. Las cifras son de 2015 a junio de 2019. Es decir, en teoría, los años en que los delitos de alto impacto comenzaron a ir a la baja. Aun así, en 2015 la Fiscalía especializada documentó 168 casos iniciados en 2015, 280 en 2016, 155 en 2017, 287 el año pasado y 97 casos en el primer semestre de 2019.

En 2018, primer año de la actual administración estatal, sumaron 287 expedientes de tortura de agentes del estado. Uno cada 31 horas. ¿Fuerte, Coahuila es? Hay de fuerzas a fuerzas.

¿Se imagina si sumáramos los casos de 2015 para atrás? Años en los que hubo más homicidios dolosos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otros delitos.

El 20 de enero, Vanguardia publicó una nota sobre el tema. Los casos, tanto de 2015 como el año pasado, aumentaron. Es decir, se sumaron denuncias por presuntos actos de tortura cometidos en esos periodos.

Otro dato es que los asuntos iniciados por presuntos actos de tortura en la Fiscalía especializada son mucho mayor que las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos en el estado. En 2018 hubo 25 quejas por actos de tortura, en 2017 también 25 quejas, en 2016 apenas ocho, en 2015 fueron 31.

Cierto, alguien puede argüir que son presuntos casos, que no todos serán ciertos. Según la misma Fiscalía Especializada, de los 987 casos, 317 ya fueron concluidos, pero se desconoce en qué términos, si se procesó o no a algún agente del estado.

Según el artículo 2 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el estado de Coahuila, se le impondrá a quien cometa actos de tortura una pena de 13 a 12 años de prisión, multa de 200 a 500 días y destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otro en el servicio público, por un término igual al de la pena de prisión.

Pero a la fecha se desconoce cuántas inhabilitaciones o destituciones se han dado por motivos de tortura, mucho menos cuántos procesos judiciales.

Según el apartado de servidores públicos sancionados, la Secretaría de Seguridad de Coahuila suspendió a 13 elementos en 2016 y destituyó a 12. En 2018 suspendió a cinco y en 2019 suspendió a dos servidores.

Mientras que en el mismo tema, la Fiscalía General de Coahuila (FGC) en 2016 suspendió a 10 servidores y destituyó a tres. En 2017 fue un empleado suspendido y otro destituido. En 2018 únicamente se suspendió a uno, en lo que va del 2019 va un suspendido y se han destituido a cuatro. En total, de 2016 a 2019 se han suspendido a nueve ministerios públicos, un coordinador y tres policías investigadores. Mientras que también se han destituido a dos ministerios públicos, cinco policías investigadores y un perito.

Pero se desconocen las causas de las suspensiones y destituciones en ambos casos.

Cabe recordar que la comunicación por parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y otras organizaciones en 2017, sobre los crímenes de lesa humanidad en Coahuila, hizo referencia a las observaciones del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles en Coahuila, donde encontró “inquietantes coincidencias” en los testimonios de las víctimas, como que denuncian “haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados; las víctimas son personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados; el objetivo de estas detenciones es castigar y extraer confesiones o información incriminatoria de las víctimas”, entre otras.

AL TIRO

De acuerdo con el artículo 7.1 del Estatuto de Roma, se entiende por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de una serie de actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Uno de esos actos es la tortura.

Los métodos de tortura pueden variar: desde humillaciones y amenazas hasta asfixia, golpes, desnudez forzada, ahogamientos en agua, violaciones o toques eléctricos.

¿El hecho que en los últimos cuatro años y medio se haya presentado un presunto caso de tortura cada 36 horas podría encajar en el calificativo de “ataque generalizado o sistemático”?

Llama la atención que las denuncias no cedan. Sigue una tendencia de casos cada año, sistemáticos. Aquí surge otro cuestionamiento: ¿Dónde es torturada una persona cada 36 horas? ¿En plena calle? ¿Dentro de las patrullas? ¿En casas de seguridad? ¿O en bases policiales? No es posible que nadie las vea.