Si bien es cierto el estado de Coahuila es la tercera entidad del país con mayor monto observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2017, con casi 2 mil millones de pesos del Gasto Federalizado entregado también a universidades y municipios, lo cierto es que estas administraciones fueron las que presentaron mejor solventación.

La ASF, en su Informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 pone a Coahuila sólo debajo de Estado de México y Michoacán, con el mayor monto observado: mil 956.8 millones de pesos del gasto federalizado.

Sin embargo el monto que le queda por aclarar a la entidad hasta la entrega del Informe son 84.8 millones de pesos.

La ASF fiscalizó el Gasto Federal a las 32 entidades en una muestra de 27 mil 231 millones de pesos, y lo correspondiente observado a Coahuila, mil 956.8 millones de pesos, fue el 7.2% de la muestra que utilizó la Auditoría, sin embargo, así como entidades que quedaron en cero de montos por aclarar, Coahuila de fue de las entidades que tienen por comprobar apenas 84.8 millones de pesos.

También en el 2017 Coahuila encabezó la lista de entidades que recibieron mayores observaciones por irregularidades en el gasto de las Participaciones Federales, el principal ingreso de las entidades.

De acuerdo con el Informe General Ejecutivo, a la entidad le fiscalizaron 4 mil 128.8 millones de pesos, pero 295.8 millones de pesos tuvieron irregularidades.

Después de la etapa de comprobación a Coahuila le falta por saldar 16.1 millones de pesos.

La Auditoría nuevamente hace la observación de que la administración estatal tiene riesgos por la deuda pública, y hasta 2017, Coahuila entró dentro del grupo de siete entidades: Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Coahuila y Sonora, que en ese orden concentraron el 61.8 por ciento de la deuda pública de las entidades.

De acuerdo con la ASF, la mayor parte de las obligaciones financieras contratadas por Coahuila se destinó al pago de la deuda de corto plazo en el 2017 con 65 por ciento, a inversión pública productiva se destinó sólo el 7.3%