En el mundo del Derecho Mercantil existe una figura ampliamente utilizada por múltiples instituciones públicas y privadas para imponerle condiciones a la parte más débil de una negociación: el “contrato de adhesión”.

En términos simples, el contrato de adhesión es un “acuerdo” entre dos partes en el que sólo una de ellas pone todas las condiciones y la otra simplemente las acepta, sin posibilidad de negociar una letra o una coma.

Si usted tiene una tarjeta de crédito, una cuenta en una red social o ha contratado el servicio de streaming de cualquier proveedor en línea, usted firmó un contrato de adhesión porque no tuvo la oportunidad de negociar ninguna de las cláusulas del mismo: firmaba o no tenía la posibilidad de acceder al servicio que pretendía.

Este tipo de contratos no son necesariamente “malos” o indeseables, pero claramente pueden dar lugar a abusos por parte de quien tiene el poder para permitir o negar el acceso al servicio en cuestión. Y si de lo que hablamos es de la posibilidad de tener una cuenta en una red social, pues el problema se resuelve no teniéndola y seguramente nada pasará.

Pero la historia cambia mucho cuando el contrato que se negocia es el que permitirá –o no– que los ciudadanos accedan al ejercicio de un derecho humano como lo es la salud.

Esto justamente es lo que ocurre en torno a la discusión entre el Gobierno de la República y las entidades del país –entre ellas Coahuila– que aún “negocian” su incorporación al esquema del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi): lo que se discute tiene que ver con un “contrato de adhesión”.

Y es así porque en esos términos ha sido puesto el asunto por el Gobierno Federal: o se aceptan las condiciones del convenio que es necesario firmar para que el Insabi opere en cada entidad, o no es posible acceder a la bolsa de recursos con la que teóricamente se garantizaría la atención integral –y gratuita– a toda la población.

Porque aunque el presidente López Obrador diga –igual que diría un banco o la empresa detrás de Facebook– que adherirse o no al esquema del Insabi es “voluntario”, lo cierto es que no hay nada de voluntad en el esquema propuesto y sí una grosera imposición unilateral de condiciones a los gobiernos estatales.

Por ello es importante que Coahuila puntualice que su posición es la de incorporarse al Insabi, pero que para ello hace falta una mínima dosis de flexibilidad en el convenio para que el resultado final buscado sea posible: que se garantice la salud de la población.

Lo deseable, más allá de cómo se llame el esquema mediante el cual se proporcione servicios de salud a la población, es que los gobiernos federal y estatal establezcan un esquema de coordinación orientado a multiplicar los recursos que se destinan a la salud pública.

La discusión no puede ser qué tipo de contrato se firma sino que, puesto éste en práctica, genere los resultados que se requieren: que la ciudadanía tenga, de verdad, garantizado su derecho a la salud.