Una vez conocido el resultado del proceso electoral donde resultó ganador quien todavía despacha como Gobernador, un rumor comenzó a tomar fuerza: la situación económica del Gobierno Estatal estaba bastante más comprometida de lo que se había pensado.

Ya prácticamente en el umbral de la jornada electoral, la oposición en el Congreso (en rueda de prensa) señaló inconsistencias detectadas en la Secretaría de Hacienda: eran apócrifos los ejemplares de algunos Periódicos Oficiales que se suponían incluían, entre sus páginas, los decretos de autorización para la contratación de deuda.

La bomba lanzada por el PAN no cambió los resultados electorales: ni con esa ayuda el entonces candidato remontó. Se abrió, sin embargo, la caja de Pandora. Si en 2005, a inicios de la administración, el Gobierno de Coahuila debía 323 millones de pesos para finales de 2010, la cifra se reconocía en 32 mil millones.

La cifra dada era la verdad oficial, pero ni ahí se sabía el tamaño del faltante. En una de ésas, se definió en el propio Congreso bajo las prisas de reformar las leyes de deuda como para tratar de componer sobre la marcha.

Un rumor, como lo digo. De eso que se escucha en los pasillos, pero a nadie se le puede colgar la autoría.

Demos por bueno lo siguiente: primero, para el inicio del presente sexenio no se conocía la cifra verdadera del pasivo gubernamental, entiéndase por esto la suma de la deuda oficial, la deuda contratada irregularmente, las cuentas pendientes. Segundo, de existir algún intento por saber lo que realmente sucedió, fue para efectos internos y no para hacerlo del conocimiento público. Tercero, todos los demás podemos apenas imaginar la magnitud del boquete.
Estampas para ilustrar, sobran. 

En 2014, el actual Gobierno tramitó lo necesario para gestionar un crédito por 2 mil 500 millones. Hasta muy entrado el 2016, y posterior a un litigio judicial con el PAN (VANGUARDIA, 13 mayo 2016) se supieron los detalles y el destino: parte de esa cantidad (528.9 millones) sirvió para saldar cuentas pendientes heredadas por la anterior administración con restaurantes y tiendas de autoservicio.

El asunto se fue arrastrando. Caminando en la cuerda floja, reduciéndole a la obra pública y sacrificando la compra de medicinas y otros insumos. La regularidad en esto fue el desorden, el pago de sumas millonarias que ni cosquillas le han hecho a la suerte principal, la transparencia simulada. 

Hasta pasados siete meses se enteraron de que el entonces titular del SATEC había solicitado un crédito a Banco Mifel por dos mil millones tan solo un día después de que el actual fuera electo Gobernador. Entre otros asuntos, tal vez por el discurso cambió: al asumir, no se hablaba de “deuda”, sino de “inversión”; un año después, ya decía que Coahuila “no se volverá a endeudar y tampoco vamos a comprometer el interés futuro de los coahuilenses” (mensaje con motivo del Primer Informe de Gobierno; retomado por AN, 29 noviembre 2012). Al estilo, prometer no empobrece.

La lista de ejemplos es larga y nos lleva al mismo destino: lejos han quedado los tiempos de la abundancia. En un Estado donde la transparencia sirve para crear candidatos, en todos estos años no hubo certeza.
Son tiempos electorales y a quien está le importa más que la bomba no le estalle en la mano. Eliminar la tenencia y algunos impuestos obligan la pregunta ¿qué tendrá que hacer el que viene después? Más que los beneficios inmediatos, los ciudadanos deben cuidar qué tan sostenibles son las medidas tomadas.

@victorspena