El conflicto magisterial que tiene su epicentro en el sur del País –fundamentalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas– está llegando nuevamente a un punto álgido que no augura un desenlace feliz. Quienes sostienen la cuerda en ambos extremos no parecen tener la menor intención de aflojar la tensión, sino al contrario, y para ello parecen dispuestos a utilizar todos los recursos a su alcance.

Desde hace varios días, el sector privado ha comenzado a endurecer su postura y ha anunciado la adopción de medidas que, desde la perspectiva empresarial, son igual de duras que las asumidas por la disidencia magisterial organizada en la CNTE.

Primero fue la advertencia de que, si el Gobierno de la República no despliega una estrategia para poner fin a los bloqueos de carreteras, habrán de presentar sus próximas declaraciones de impuestos en ceros. Ayer fueron más allá y anunciaron que el comercio organizado de Oaxaca realizará un “paro indefinido” de labores, a partir del próximo 8 de agosto y “hasta que se restablezca el estado de derecho”.

El Servicio de Administración Tributaria ya ha revirado al amago empresarial señalando que la presentación (injustificada) de declaraciones fiscales en ceros, “tendría consecuencias” pues declarar con falsedad es un hecho que la ley castiga.

Sin embargo, ayer mismo el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Economía anunció la instrumentación de un “Plan de Apoyos” para los empresarios de Oaxaca y Chiapas que se han visto afectados por las actividades de protesta de la CNTE.

“Básicamente estamos desde hace un par de meses en un diálogo permanente interinstitucional e intergubernamental con los gobiernos de los estados, precisamente para integrar este paquete de ayuda”, dijo el secretario Ildefonso Guajardo durante una gira de trabajo realizada por el Estado de Hidalgo.

Hace bien, sin duda, el Gobierno de la República, al anunciar medidas de este tipo, pues ello implica reconocer la existencia de un problema real que se traduce en pérdidas económicas para los negocios –pequeños, medianos y grandes– que han visto afectada su actividad ordinaria por las protestas magisteriales durante un período excesivamente prolongado.

Sin embargo, el problema de fondo no se resuelve ofreciendo “apoyos” a los afectados, sino eliminando la fuente de la afectación. Pero esa eliminación, por supuesto, no puede hacerse con la torpeza con la cual se intentó en el municipio de Nochixtlán.

El Gobierno de la República –y los estatales involucrados– debe emplear todas sus capacidades para encontrar un punto de equilibrio que permita a quienes protestan (con razón o sin ella) contra la Reforma educativa, realizar sus manifestaciones con libertad y, al mismo tiempo, haga posible el desarrollo de las actividades económicas.
Ambas cosas son posibles de forma simultánea. Lo que hace falta para lograrlo es abandonar los “usos y costumbres” clásicos del poder en nuestro País.