La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, reparar el daño a familiares de cinco jóvenes, víctimas de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución en el municipio de Tierra Blanca. 

Por esos hechos, el organismo emitió la recomendación 5VG/2017 por violaciones graves a derechos humanos, dirigida al gobernador Yunes.

En la recomendación, la CNDH solicitó al mandatario estatal instruir a que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se proporcione a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o indemnización justa por la gravedad de los hechos.

Además de que se les proporcione atención médica, psicológica y tanatológica, con trato digno, sensible y con calidez, así como que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal les ofrezca una disculpa pública institucional.

También deberá colaborar en la integración de la carpeta de investigación que inicie la Procuraduría General de la República con motivo de la denuncia que formule la CNDH contra quien o quienes resulten responsables por delincuencia organizada.

Pidió girar instrucciones para que la Comisión de Honor y Justicia de la SSP determine a la brevedad y conforme a derecho la investigación administrativa contra los policías estatales que participaron en las conductas cometidas contra los agraviados y se deslinden las responsabilidades correspondientes.

Además de instruir al titular de la SSP la realización de un diagnóstico para determinar si los elementos policiales cumplen con los perfiles requeridos para el empleo, cargo o comisión y, de apreciar circunstancias irregulares, se proceda conforme a derecho.

La CNDH indicó que atrajo el caso por su naturaleza y gravedad e inició un expediente con el fin de investigar las violaciones a derechos humanos cometidas contra las víctimas.

De acuerdo con las evidencias contenidas en el expediente, el 11 de enero de 2016 las víctimas viajaban en un vehículo particular del puerto de Veracruz hacia Playa Vicente, en esa misma entidad.

Al llegar al municipio de la Cuenca del Papaloapan fueron detenidas por policías estatales, aproximadamente a las 12:00 horas. Ocho horas después, a las 20:15 horas, oficiales localizaron en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, el vehículo en el que se trasportaban las víctimas.

Dos días después, el 13 de enero, la CNDH recibió la queja en la que se denunció que entre las 12:30 y las 13:00 horas, el hijo del denunciante se transportaba en un vehículo particular con otras cuatro personas, y que al llegar a una gasolinera en la carretera federal 140 fueron detenidos por agentes de Seguridad Pública. Desde ese momento los jóvenes están desaparecidos.

La comisión acreditó que los policías estatales que detuvieron a los jóvenes reconocieron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La CNDH manifestó que ha observado con preocupación, que desde hace varios años, la problemática existente en Veracruz sobre desaparición de personas, motivada entre otras causas, por la falta de implementación de políticas públicas para prevenir y combatir este ilícito.