Querétaro, Qro. La seguridad pública en México debe estar siempre bajo control de instituciones civiles, con la mayor restricción posible en este terreno a las fuerzas armadas, para que dicha labor se desarrolle con respeto total a las garantías básicas y no “a cualquier costo”, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Consultado acerca de la iniciativa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de crear una Guardia Nacional formada, entrenada y bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, el ombudsman enfatizó que se debe estudiar cómo la van a delinear, aunque aclaró que “las instituciones civiles deben tener un papel central (…) Siempre estaremos en favor de que sean las instituciones civiles las que conduzcan la seguridad pública”.

Luego de señalar que “los estándares internacionales nos señalan la mayor restricción posible en el uso de las fuerzas armadas” en temas de seguridad pública, González Pérez manifestó que la CNDH se ha pronunciado porque haya “más y mejor seguridad pública, pero no a cualquier costo; tiene que ser con respeto total a los derechos humanos”.

En otras ocasiones, el titular de la CNDH ya había dejado clara su oposición a que el Ejército y la Marina participaran en tareas que corresponden a las fuerzas policiacas.

Una de ellas fue en noviembre de 2017, cuando señaló que a 11 años de que diera inicio la estrategia contra el crimen organizado, no se cumplió con la profesionalización de las policías civiles y se quiere dar respuesta a ello con la militarización, sin que esa medida haya resuelto el problema de la inseguridad en México.

Entrevistado este jueves en el contexto del Congreso Nacional Logros y Retos de los Derechos Humanos, González Pérez admitió que aún no conoce a detalle el Plan Nacional de Paz y Seguridad dado a conocer por López Obrador, pero estimó que dicha propuesta también tiene aspectos positivos.

Entre ellos, destacó la intención de reducir la brecha de desigualdad, poner énfasis en los jóvenes y el propósito de reducir el número de homicidios y eliminar las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura, además de fortalecer medidas contra quien no cumpla las recomendaciones de los organismos de derechos humanos.

De igual forma, encomió que el tema del consumo de drogas se analice desde una perspectiva de salud pública y no como un asunto de persecución criminal.

En otro tema, hizo un llamado a las autoridades de Estados Unidos para que “dejen de lado los discursos de odio, xenofóbicos y racistas” ante el intento de los integrantes de la Caravana Migrante de cruzar la frontera de ese país.

Al concluir la inauguración del congreso realizado en un hotel de la capital queretana por los 70 años de la proclamación de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, González Pérez señaló que en la caravana hay mujeres y niños a quienes se tiene que privilegiar su integridad “por encima de cualquier política de seguridad nacional”.

El ombudsman reveló que el visitador general de la CNDH ya se encuentra en Tijuana y se ha reunido con autoridades de aquella localidad para establecer la atención humanitaria que requieren los migrantes centroamericanos.

Explicó que en el acompañamiento que realiza la CNDH a la caravana en su recorrido por territorio mexicano ha observado ambigüedades, pues el trato es diferenciado en los lugares donde han estado. Primero se aplicó una política de contención, más que trato humanitario.

Ejército y Marina, única posibilidad para enfrentar el crimen: Durazo

La única posibilidad que tenemos para enfrentar el tema de la criminalidad son dos instituciones de primera línea: el Ejército y la Marina, aseguró el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien aclaró que los militares que realizan tareas de seguridad en las calles serán remplazados por policías militares y navales, que formarán parte de la Guardia Nacional, cuya operación dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al término de una reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la casa de transición, explicó que con la nueva corporación estamos proponiendo acabar con la simulación en la que han venido actuando las fuerzas militares; además, dará cobertura al trabajo de la seguridad pública con una visión democrática; es decir, limitando el uso de la fuerza a un marco de legalidad y de respeto profundo a los derechos humanos.

En entrevista, dijo que los policías militares y navales tienen una formación distinta a la del personal castrense que actualmente está en las calles, de seis u ocho meses adicionales a la de un soldado raso, y esto los califica para los temas de seguridad pública.

Agregó que tienen adiestramiento, disciplina, mecanismos de ascenso, de recompensa, de reconocimientos militares. Insistió en que la Guardia Nacional va a ser un cuerpo adicional en la Sedena con identidad propia y programas de capacitación distintos a los que tiene el personal militar regular.

Consideró que el tema no es la militarización, pues no depende de que estén ubicados en la Sedena, (sino) de la formación de los integrantes de los cuerpos de seguridad. En este caso, los de la Guardia Nacional tendrán una formación específica para prestar servicios a la seguridad pública.

Durazo subrayó que la institución que actualmente garantiza optimizar el funcionamiento de la Guardia Nacional es la Sedena. Si tuviéramos el número de mandos civiles adecuados, formados, capacitados, la decisión hubiese sido distinta. Pero no lo hay en este momento.

Necesitamos, recordó, entre 120 mil y 150 mil elementos para la corporación y ¿con qué presupuesto los contratamos y de dónde los sacamos?. En cambio, explicó, tenemos ya incorporándose 35 mil policías militares, casi 8 mil navales y otro tanto pudieran ser de la Policía Federal.

En otro tema, el próximo secretario de Seguridad Pública sostuvo que como parte del plan que implementará el gobierno entrante, aquellos criminales que se entreguen, que colaboren con la justicia, que reparen el daño podrán recibir alguna rebaja en la pena, aunque el derecho internacional contempla restricciones por delitos graves y de lesa humanidad.

No es que salgamos a buscar criminales, es que aquellos que quieran colaborar con la justicia podrían recibir algún beneficio. Este marco jurídico ya existe en el país, mencionó. También dijo que la amnistía es una posibilidad.

Ayer por la mañana estuvieron en la casa de transición los futuros secretarios de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; el empresario José María Riobóo; Sergio Samaniego, encargado del proyecto aeroportuario de Santa Lucía, y Gerardo Bravo, quien dirigirá el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México.