Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación al estado de Sonora y al IMSS por el tráfico de 682 infantes, cometido entre los años 2009 al 2015, eimputable a servidores públicos de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de esa entidad federativa.

En un comunicado, el organismo solicitó al fiscal general estatal que integre la averiguación previa con motivo de la suposición, supresión y tráfico de un infante, y se ejerza acción penal en contra de los presuntos responsables.

De acuerdo con la CNDH, hubo imprecisiones en los informes proporcionados por el DIF Estatal respecto del destino final de 682 menores de edad, así como de los trámites de adopción de 110 infantes.

La comisión pidió a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que integre un grupo interdisciplinario en no más de tres meses para que analice la situación de 22 menores de edad que fueron separados de su familia de origen, así como de los casos en los que se determine que hubo un trámite indebido en la adopción y en los casos en los que el DIF estatal no acreditó el destino de 682 infantes.

Y que en un plazo no mayor de seis meses, el grupo interdisciplinario en coordinación con el Comité de Protección del Menor y la Familia, elabore los planes individualizados de restitución de derechos de 9 menores de edad, que fueron separados de sus familias de origen, determine el destino final de 13 infantes que fueron separados de su familia de origen; de 3 menores de edad, que fueron sustraídos por sus padres biológicos y de los 682 menores de edad respecto de los cuales el DIF Estatal no remitió la documentación para acreditar su paradero.

Al director general del IMSS le pidió que colabore en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que inicien la PGR y el Órgano Interno de Control en el IMSS, respectivamente, en contra del servidor público que expidió los certificados de nacimiento de 23 infantes con datos falsos respecto de la identidad de sus madres biológicas.

La CNDH pidió al fiscal general de Sonora colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Sonora en contra de los servidores públicos involucrados en las irregularidades en la integración de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de la suposición, supresión y tráfico de 18 infantes.

La CNDH acreditó violaciones a la legalidad, seguridad jurídica y a la verdad, derivado de las imprecisiones en los informes proporcionados por el DIF Estatal, lo que impidió conocer el destino final de 682 menores de edad, además de que esa autoridad no exhibió la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de 110 casos de menores de edad que fueron dados en adopción.

Así como a la igualdad sustantiva, derivado de la suposición, supresión y tráfico de 22 menores de edad, atribuible a servidores públicos de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora. "A la adecuada procuración de justicia, por la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas, iniciadas con motivo de la suposición, supresión y tráfico de 18 menores de edad"

También hubo violaciones al derecho a la identidad con motivo de la expedición de los certificados de nacimiento de 17 menores de edad, que contienen datos falsos respecto de la identidad de las madres biológicas, atribuible indiciariamente a servidores públicos del IMSS, entre otras irregularidades.