La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al presidente municipal de Hermosillo, Sonora, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, por violaciones a los derechos humanos de un ciudadano, atribuibles a la actuación de policías municipales y un juez calificador de ese ayuntamiento.
 
En un comunicado, explicó que el 23 de noviembre de 2012, la víctima interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, por supuestas arbitrariedades.
 
Refirió que en esa fecha, cuando transitaba en su vehículo por las calles de Reforma y Periférico Norte, en Hermosillo, Sonora, fue detenido en un retén de revisión oficial, donde le fue aplicado el alcoholímetro, informándole que se encontraba ligeramente por encima de la norma.

En lugar de ponerlo a disposición por esa causa, lo condujeron en una patrulla a la comandancia municipal, donde permaneció retenido y luego fue puesto a disposición de un juez calificador, por la causal de “negarse a cumplir una indicación justificada hecha por un policía en función”, ya que presuntamente no entregó las llaves de su vehículo.
 
Detalló que dicha queja fue tramitada por la citada Comisión Estatal quien después de diversas actuaciones resolvió el 6 de marzo de 2015; determinación con la que no estuvo de acuerdo el quejoso, quien interpuso recurso de impugnación, el cual fue remitido a la CNDH el 14 de mayo de 2015.
 
Concluida la investigación correspondiente, la Comisión Nacional advirtió evidencias suficientes que permiten acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de ese ciudadano.

Consideró que las autoridades, al ponerlo a disposición y desahogar el procedimiento, no se ajustaron a la normatividad aplicable.
 
Por ello, la Comisión Nacional pide al presidente municipal de Hermosillo, Sonora, que aporte todos los elementos necesarios en el procedimiento de investigación que se inicie con motivo de la denuncia que la CNDH presentará ante la Contraloría Municipal de esa ciudad, en contra de las autoridades señaladas como responsables.

Se diseñe e imparta, a los Jueces Calificadores y a los agentes de la policía municipal, un curso integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, que incluya el acatamiento de las disposiciones jurídicas vinculadas con el desempeño de sus funciones en la aplicación de sanciones administrativas.
 
Con la finalidad de garantizar la no repetición de actos similares a los descritos, la CNDH solicita la emisión de una circular dirigida a los servidores públicos del Ayuntamiento, en la que se les exhorte a cumplir cabalmente con el Bando de Policía y Gobierno del Municipio, la Ley de Tránsito y la Ley de Seguridad Pública para del Estado, entre otras disposiciones.