Por Paris Martínez (@paris_martinez) para Animal Político

En abril de 2014, a través de redes sociales circuló un video que muestra a cuatro agentes de la Policía Turística de Acapulco (tres hombres y una mujer), cuando torturan a un indigente al que mantienen amordazado. Según la declaración de los policías implicados, se trataba de un castigo en contra de un supuesto abusador sexual de menores al que, sin embargo, nunca presentaron ante el Ministerio Público para que se hiciera justicia.

Del supuesto delito sexual cometido por el detenido no existe prueba alguna, salvo la confesión que el torturado balbucea durante el video, entre ruegos de que dejen de golpearlo, y nunca existió una víctima denunciante que lo señalara formalmente.

La persona torturada por los policías es, según las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un indigente que solía deambular por la playa, del que sólo se sabe su apodo, “Pelón”, y al que, luego de que fuera agredido por la policía de Acapulco, nunca más se le volvió a ver.

Aunque el video fue difundido en abril de 2014, los hechos en realidad ocurrieron el 14 diciembre de 2013, y a cuatro años de estos hechos, la CNDH concluyó que el “Pelón” no sólo fue torturado por los agentes municipales de Guerrero, sino que también fue víctima de desaparición forzada, después de que los abusos policíacos se hicieron públicos y se abrieron investigaciones en contra de los implicados.

La marca policíaca

Un día después de que el video de la tortura fuera difundido en Youtube, el 3 de abril de 2014, tres de los policías implicados dieron una entrevista al portal local informativo libertadguerrero.net, en la cual afirmaron haber actuado por órdenes del recién nombrado secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Alfredo Álvarez Valenzuela, al que, además, señalaron como la persona que inició la sesión de tortura, junto con sus escoltas.

En dicha entrevista, los policías implicados no explicaron cómo fue detenido el “Pelón”, y sólo afirmaron que, luego de que el detenido fue torturado por el jefe de la policía municipal, dentro del módulo de vigilancia de un parque, éste le ordenó al supervisor Juan Carlos Alvarado Coronado que, junto con sus tres subordinados, continuaran la tortura, y que grabaran todo en video para que él pudiera constatar que cumplieron su indicación.

Luego, el 2 de enero de 2014, es decir dos semanas después de que estos hechos ocurrieran, el supervisor Juan Carlos Alvarado Coronado, aquel que había grabado y conservado el video de la sesión de tortura, desapareció. Según la denuncia de su esposa, dos hombres armados ingresaron a su casa y se lo llevaron por la fuerza. No fue hasta marzo de 2014 que su cuerpo fue hallado en una fosa clandestina ubicada en el poblado de El Salto, y un mes después, en abril, el video que él capturó con su teléfono se hizo público a través de Youtube. La pareja y los padres de este policía tuvieron que huir de sus domicilios.

En la primera versión de los hechos, rendida en entrevista periodística por los policías José Arturo Quezada Ramírez, Jéssica Brenda Hernández Jiménez y Fernando Vázquez Suástegui, un día después de la difusión del video, éstos reconocen haber participado en la sesión de tortura, pero nunca mencionan a la familia que supuestamente acusó al indigente de haber hecho tocamientos a una de sus integrantes, menor de edad.

La supuesta familia sólo fue incluida en la versión de los implicados, hasta una semana después, el 10 de abril, cuando éstos fueron presentados ante el Ministerio Público por cargos de tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y lesiones.

En esa segunda versión, rendida ante el MP, los tres policías implicados no sólo mencionan por primera vez a la familia, sino que señalaron a integrantes de dicha familia como los que iniciaron la sesión de tortura, y luego la continuaron los agentes.

Según esta segunda versión de los policías, la familia afectada no quiso presentar cargos contra el sujeto que supuestamente había abusado sexualmente de una de sus integrantes, con el argumento de que no deseaban salir en la prensa.

En los hechos, no obstante, no hay evidencias de que la familia afectada en verdad haya existido. Cabe destacar que en esta segunda versión de los hechos, los agentes implicados ya no mencionaron la presunta participación del jefe de la policía municipal en la agresión contra el detenido y, por el contrario, atribuyen directamente a su supervisor, Juan Carlos Alvarado Coronado (quien para entonces ya había sido hallado muerto), la orden de darle una “madriza” al “Pelón”, para luego, supuestamente, dejarlo en libertad.

Un día después de rendir esta declaración ante el MP, el 11 de abril, volvieron a su primera acusación: que la orden provino del secretario de Seguridad Pública, Alfredo Álvarez Valenzuela, y además aseguraron que después de los hechos, éste y sus escoltas los habían intimidado y golpeado, para que firmaran una confesión, en la que aseguraban que los hechos ocurrieron en octubre de 2013 (y no en diciembre), es decir, un mes antes de que Álvarez Valenzuela asumiera el mando de la policía municipal.

Un mes después de que el video de la sesión de tortura se difundiera, el 14 de mayo de 2014, Álvarez Valenzuela renunció al cargo.

Desaparición forzada...

Lee la nota completa en Animal Político