CDMX.- En los últimos días han circulado imágenes de la tarjeta Ingreso Básico Universal (IBU) con la imagen del candidato Ricardo Anaya, en la que promete entregar mil 500 pesos mensuales “por el sólo hecho de ser mexicano”. 

La imagen es real. La promesa, en efecto, viene del comité de campaña de Anaya. Verificado 2018 marcó al número impreso en la propaganda y corroboró que se trata de la casa de campaña del candidato. Sobre las tarjetas, el operador de la llamada mencionó que es un prototipo. Para obtenerla, este realiza un prerregistro y solicita datos sin proporcionar un aviso de privacidad. 

Cecilia Soto, miembro de la campaña de Anaya y actual diputada por el PRD confirmó la existencia de las tarjetas. “Es una representación gráfica del #IngresoBásicoUniversal que se implementará en el País en forma gradual. Se entregará a todos los ciudadanos mayores de 18, sin criterio de selectividad. Iniciaremos por los municipios más pobres”, escribió en Twitter. 

Miguel Ángel Toscano, excomisionado Nacional de la Comisión Federal de Protección a Riesgo Sanitario y exdiputado por el PAN, fue el primero en publicar esta imagen y aseguró que realizó la fotografía directamente de la publicidad que un tercero consiguió en la imprenta.

PRÁCTICA FRECUENTE
La campaña de la coalición “Por México al Frente” no es la única en ofrecer este tipo de apoyos. Los equipos de campaña argumentan que las tarjetas son una propuesta de programa social, pero para algunos especialistas lo que ocurre en realidad es una práctica clientelar. 

José Antonio Meade, de “Todos por México”, comenzó desde el inicio de su campaña la entrega de un certificado a todos los que respondan la Encuesta sobre Necesidades del programa Avanzar Contigo, que  incluye una tarjeta con un código de barras, la firma de Meade y la leyenda: “Te invito a que participes en la encuesta Avanzar Contigo para identificar tus necesidades personales y, al llegar a la Presidencia de México, ofrecerte apoyos concretos y a tu medida, para que puedas lograr lo que tú te propones”.

Para responder la encuesta, los ciudadanos deben proporcionar nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, número telefónico, dirección e identificar –entre opciones ya establecidas– sus tres necesidades más urgentes y las del país. 

Alejandra Barrales, candidata de “Por México al Frente” al gobierno de la CDMX, prometió que en caso de ganar pondrá en marcha el programa “Pa’ las Jefas”, a través del cual se entregarán dos mil 500 pesos mensuales a las mujeres capitalinas, y el programa “Ciudad Pa’ Estudiantes”, que permitirá acceso gratuito al transporte público a jóvenes de bachillerato y universidad. 

A inicios de mayo, Barrales informó que iniciaría el reparto de 100 mil tarjetas desactivadas con folio. De acuerdo con información de Reforma, para obtener el plástico sin crédito es necesario entregar copias de la credencial electoral, proporcionar datos personales y llenar un formulario.

¿POR QUÉ?
Las tarjetas de promesa se utilizaron en las elecciones para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, en 2016. En las primeras, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, repartió las tarjetas “Salario Rosa”, con las que prometía entregar, de ser electo, un apoyo bimestral de $2 mil 400 a mujeres dedicadas al trabajo del hogar en situación de pobreza. Mientras que en Coahuila, Miguel Riquelme, también candidato del PRI, repartió tres tipos de tarjetas para mujeres, ciudadanos y estudiantes. Hoy ambos son gobernadores.

A partir de la distribución de tarjetas en Coahuila y en el Estado de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) modificó el artículo 43 del Reglamento de Fiscalización para que durante los procesos electorales, los partidos políticos o candidatos estén impedidos de entregar directa o indirectamente “cualquier tarjeta, volante, díptico, tríptico, plástico o cualquier otro documento o material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato”. 

Sin embargo, el Tribunal Electoral lo echó para atrás. 

El TEPJF estableció en la sentencia que “repartir propaganda en forma de tarjetas no resulta ilegal, pues se trata de propaganda que presenta un programa que será instrumentado como política pública”, esto después que los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional se inconfomaran ante la medida.

Javier Martín Reyes, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dijo a Verificado 2018 que, desde el punto de vista jurídico, las tarjetas de promesa ya no representan una medida clientelar, ya que el Tribunal Electoral del Poder de Justicia de la Federación (TEPJF) determinó que consisten en promesas de campaña y no en la entrega de un beneficio mediato. Sin embargo, desde un perspectiva sociológica y politológica –aclara el experto– sí puede considerarse una medida clientelar, ya que implica una asimetría de poder en la que el candidato, que eventualmente podría convertirse en un político con acceso a recursos públicos, distribuye de manera selectiva beneficios a grupos vulnerables a cambio de voto.

Joy Langston, investigadora del CIDE consideró que en definitiva constituye una medida clientelar, ya que, independientemente de que las tarjetas no cuentan aún con recursos, los candidatos intercambian bienes públicos –dinero que reciben del INE y hacer campaña– para obtener el apoyo ciudadano. 

Arturo Espinosa, director de la consultora Strategia Electoral, sostuvo que el criterio que importa es el de los magistrados del Tribunal, quienes emitirán una resolución en caso de presentarse una denuncia en un proceso sancionador por el uso de las tarjetas.