El “contrato leonino” que firmó el gobierno de Felipe Calderón con Braskem-Idesa no sólo es ampliamente favorable a la filial de Odebrecht, sino que se encuentra blindado con una cláusula nuclear que obliga a la administración de Andrés Manuel López Obrador a seguir entregando etanol a precios muy por debajo del precio del mercado, o, de lo contrario, adquirir la planta de Etileno XXI a un costo astronómico.

Así se revela en el reporte anual de Braskem-Idesa ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), presentado el 15 de junio pasado, en el que se advierte que si el gobierno federal sigue incurriendo en fallas al entregar etanol a la planta petroquímica y entrega menos de los 66 mil barriles diarios acordados durante medio año, “Braskem puede obligar a Pemex a comprar el complejo mexicano” ubicado en Veracruz.

“En el evento de que Pemex TRI falle… puede (i) dejarnos incapaces de generar suficiente capital para dar servicio a nuestros acreedores (ii) causar a los acreedores a acelerar su deuda u (iii) obligar a Braskem-Idesa a ejercer la terminación y poner una opción contra Pemex TRI que obligaría a Pemex a comprarnos el complejo”, se destaca en el reporte.

Se agrega que la petrolera apenas ha logrado cumplir con las entregas de etanol pactadas y que sobre la empresa productiva pende una especie de amenaza permanente: cumplir o detonar la cláusula nuclear.

“El acuerdo de abastecimiento de etanol contiene un pacto sobre el volumen de entrega que obliga a Pemex a entregar el volumen de etanol que promedie el 70% de lo acordado... hasta enero de 2020, las entregas de Pemex se mantenían cerca, pero aún por encima del umbral del 70%”, destaca el informe. “En el caso de la terminación del contrato y de que ejerzamos la opción (que obliga a Pemex a comprar Etileno XXI), no hay certidumbres de que Pemex no retará la decisión para tratar de evitar comprarnos el complejo mexicano”.

De acuerdo con el  reporte,“si Pemex falla en entregarnos un porcentaje determinado de etanol contractualmente especificado durante seis meses consecutivos, tendremos el derecho de terminar el acuerdo con Pemex y exigirle pagar a otras partes involucradas en el proyecto una parte igual al valor determinación de este proyecto (el valor del cual se determina conforme el contrato y toma en consideración, entre otros factores, la deuda del proyecto y la cantidad invertida en el proyecto hasta el momento)”.

En total, según un comunicado de prensa emitido en 2012, Braskem estima que el valor de la planta y el proyecto en general puede ascender a 4 mil 500 millones de dólares, el equivalente a 96 mil millones de pesos, o una quinta parte del presupuesto total de Pemex para 2020. Para dimensionar el tamaño del impacto que tendría en las finanzas públicas, es prácticamente la totalidad del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional para este año, o una octava parte del presupuesto nacional de Educación.

A la par, Braskem incluyó en su sección de riesgos que no descarta la posibilidad de que la planta sea expropiada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Nuestro acuerdo de suministro etanol podría ser modificado a través de medios regulatorios, o terminado o puesto en riesgo por Pemex como resultado de la presión política para no cumplir con lo acordado, cambiar los acuerdos, iniciar medidas expropiatorias o un cambio en las leyes o regulaciones por parte del gobierno mexicano”, se expone en el texto.