El Índice Global de Competitividad (2016-2017) del Foro Económico Mundial ubicó a México en la posición 51 de 138 naciones en materia de competitividad. En una escala de uno a siete, nuestro País alcanzó una calificación de 4.41, 12 centésimas más que los 4.29 puntos obtenidos en la edición previa. La evaluación de México representó el 75.9 por ciento de la nota de 5.81 obtenida por Suiza, el líder indiscutible en esta asignatura (https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2...). 

El progreso moderado de la competitividad de México se explica por los efectos de algunas de las llamadas reformas estructurales, las cuales han propiciado: 1) mayor eficiencia en el funcionamiento de los mercados de bienes, gracias a una fortalecimiento de la competencia económica; 2) creciente flexibilidad e incentivos en el mercado laboral y; 3) un acceso más amplio al mercado financiero.

No obstante lo anterior, México enfrenta graves obstáculos que frenan el progreso de la competitividad, entre los cuales destaca la muy baja calidad del funcionamiento institucional en general y de su educación primaria en particular.
Por otra parte, la economía mexicana ha sido golpeada por la caída de los precios del petróleo, la debilidad del comercio mundial y la consiguiente desaceleración de la producción industrial. Lo anterior se ve agravado por un resurgimiento del proteccionismo comercial en su mercado externo más importante.

El Informe de Competitividad Global 2016-2017 evalúa el panorama en este rubro, proporcionando una visión de los factores que impulsan la productividad y la prosperidad. Para tal efecto, construye 114 indicadores, agrupados en 12 pilares (instituciones; infraestructura; entorno macroeconómico; salud y educación primaria; capacitación y educación superior; eficiencia en el mercado de bienes; eficiencia en el mercado laboral; desarrollo del mercado financiero; preparación tecnológica; tamaño de mercado; sofisticación de negocios; innovación). Con los pilares y sus respectivos indicadores se construyen tres subíndices (requerimientos básicos, facilitadores de eficiencia y factores de innovación y sofisticación) y, finalmente, el índice global de competitividad.

Adicionalmente, se aplica una encuesta de opinión en la cual se identifican los principales obstáculos para la realización de negocios en cada país. Las cinco trabas más relevantes identificadas por los entrevistados en México fueron: corrupción; crimen y robo; ineficiencia de la burocracia gubernamental; tasas impositivas y; regulaciones impositivas.

Un ejercicio interesante es identificar los indicadores en los cuales nuestro País registra las peores calificaciones, pues ahí se encuentran las oportunidades más claras de mejora en nuestros estándares de competitividad. En 18 de los 114 indicadores nos encontramos en la cola (es decir, entre el lugar 100 y 138).

Esa es la situación de 12 de los 21 indicadores que conforman el primer pilar de la competitividad (instituciones): malversación de fondos públicos (125); confianza pública en los políticos (124); pagos irregulares y sobornos(103); independencia judicial (105); favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos (124); obstáculos de la regulación gubernamental (118); eficiencia de la estructura legal en la resolución de disputas (113); eficiencia de la estructura legal en las disputas regulatorias (103); costos para los negocios del crimen y la violencia (130); crimen organizado (135); confiabilidad de los servicios policiales (130); conducta ética de las empresas (112).

En otros cinco pilares se distribuyen seis indicadores más en las cuales nos encontramos en el cabús de la competitividad: suscripciones de teléfonos celulares (114); calidad de la educación primaria (114); calidad del sistema de educación técnica y superior (112); calidad de la educación en ciencias y en matemáticas (120); tasa impositiva total (114); costo de la política agrícola (119) y; participación de la mujer en la fuerza laboral (116).

Una característica común en 15 de los 18 indicadores con el desempeño más pobre es que se trata de bienes y servicios públicos. Por tanto, la conclusión es clara: para conservar lo logrado y alcanzar mejores resultados en materia de competitividad, es indispensable una transformación cualitativa de las instituciones públicas en México.

Todo lo anterior requiere ampliar significativamente la calidad y cantidad de políticas públicas en todos los ámbitos (federal, estatal y municipal) y órdenes de Gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial). 

Para ello necesitamos una nueva ética pública, basada en una renovación del compromiso social entre la comunidad y los actores políticos. Transparencia, rendición de cuentas, combate efectivo a la corrupción y observancia real de la ley. 
Conformación de un servicio civil de carrera, operando con estándares internacionales. El tiempo se agotó, cambiamos o nos atropellan

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