GUADALAJARA, JAL.- A fuerza de ataques contra funcionarios públicos de alto nivel y con la expansión de sus negocios en casi todo el País, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha convertido en uno de los principales retos en materia de seguridad pública para el gobierno, de acuerdo con expertos en seguridad.

La Fiscalía General de la República (FGR), las Fuerzas Armadas y agencias de seguridad estadounidenses han dado cuenta del crecimiento y el fortalecimiento de esta organización criminal que se distingue, según la Administración de Control de Drogas (DEA), por su “voluntad de participar en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano y cárteles rivales”.

Esto último quedó patente desde mayo de 2015, cuando el cártel dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, derribó un helicóptero de las Fuerzas Armadas en Villa Purificación, Jalisco, con un saldo de siete militares fallecidos.

Jorge Lara Rivera, exsubprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la antigua PGR, consideró que los ataques del CJNG tienen el objetivo de amedrentar a las autoridades ante las investigaciones que se han abierto en su contra.

La DEA, en su último Análisis de Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas, destacó el poder de fuego del cártel y su amplia presencia en México: por lo menos opera en 24 estados, elabora y distribuye metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo.

“La mayoría de los cárteles ha respetado a las autoridades de alto nivel, no se metían con funcionarios estatales o federales, el blanco siempre habían sido autoridades municipales, pero el CJNG es el primero en desafiar al Estado mexicano realmente”, señaló Raúl Benítez Manaut, especialista en seguridad nacional y crimen organizado.

El integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, consideró que el cártel de Oseguera “está muy empoderado, es una osadía y un nivel superior atacar a este tipo de autoridades; pero el CJNG está jugando con fuego y lo único que va a conseguir es una reacción muy fuerte de las autoridades locales y federales”.