Actuarios, secretarios de juzgados y hasta choferes de todos los juzgados en materia penal con sede en Toluca, estado de México, formaron una red de estafetas, es decir, mensajeros, que sirvieron a integrantes del crimen organizado presos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. Esto fue descubierto en las investigaciones de tipo administrativo que inició el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en seguimiento a las denuncias presentadas por el juez Vicente Bermúdez Zacarías, quien fue asesinado meses después de haber revelado acciones irregulares de funcionarios adscritos a su juzgado.

En coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (Oadprs), el CJF indagó quiénes fueron los servidores públicos que fingieron ser actuarios y sirvieron de mensajeros con los internos del Cefereso del Altiplano.

Luego de este descubrimiento de la Judicatura, por órdenes de su presidente, el ministro Luis María Aguilar Morales, se pusieron en marcha investigaciones en los juzgados federales en entidades donde existen prisiones con reos de alta peligrosidad o vinculados a grupos criminales, para detectar otras redes de colusión.

Funcionarios federales revelaron que luego del cotejo de las listas de ingreso, el CJF descubrió que, además de actuarios, hubo un chofer –Alejandro Coyote Colín– y secretarios de acuerdos que se reunieron con internos cuyos casos no correspondían a los juzgados donde están asignados, y por ello el jueves se les suspendió temporalmente mientras culmina la investigación administrativa.

Las indagatorias, señalaron, no apuntan a que los funcionarios judiciales hayan proporcionado información de sus procesos a los internos, sino que ayudaron con cuestiones personales u operacionales de sus grupos delictivos.

El jueves el CJF informó: En una reciente investigación administrativa, emprendida por la comisión de disciplina en órganos jurisdiccionales con sede en Toluca, estado de México, separó temporalmente de su cargo a 10 servidores públicos que ejercían funciones de actuario.

La red de colusión, explicaron las autoridades, se extendía a todos los juzgados en materia de procesos penales federales y ello permitió que obtuvieran escritos con los que supuestamente acreditaban ser actuarios y tener motivo para realizar notificaciones en ese Cefereso.

Una vez descubiertas estas acciones, personal del CJF revisó cada uno de los casos en que alguno de sus funcionarios acudió al centro penitenciario, cotejó las audiencias con las notificaciones reales y descubrió que 10 de un total de 13 personas —hasta ahora— formaban parte de este grupo de estafetas, como se les conoce en el argot penitenciario a quienes sirven de mensajeros entre grupos presos de distintas áreas, familiares, abogados e internos.

Los estafetas llevan mensajes que quieren que las autoridades no detecten, o bien que por la naturaleza de su contenido no sean revisados por los custodios, y de esa manera se han organizado incluso huelgas de hambre dentro del Cefereso número 1, en las que participan internos de distintos módulos, los cuales en apariencia no tienen contacto.

Esta investigación inició en abril de 2016, cuando el entonces juez quinto de distrito con sede en Toluca, Vicente Antonio Bermúdez Zacarias, denunció ante el CJF que había detectado serias irregularidades de algunos funcionarios.

Siete meses después, cuando el juez realizaba ejercicio fue asesinado a tiros.

Las investigaciones para detectar posibles redes similares a las detectadas en los jugados de Toluca, se extendieron a entidades como Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y la Ciudad de México.