La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha dado un nuevo marrazo a la credibilidad del gobierno mexicano en su reciente informe sobre la grave crisis de derechos humanos que atraviesa nuestro país. La ineficiencia y la colusión de las autoridades recorren las páginas del amplio documento. 

Dos meses antes, Amnistía Internacional había descrito como “un trato de indolencia”, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México. 

El estado de Chihuahua, donde la tiranía de César Duarte Jáquez ha superado todos los inimaginables en corrupción y atropello a los derechos humanos, ocupa un lugar relevante en ambos informes. Ahí donde el PRI se jacta de haber desterrado a la delincuencia, acontece lo contrario; las estadísticas demuestran el fracaso y la forma en que se maquillan y ocultan las cifras de la realidad. Tarde que temprano, la negociación que las autoridades locales hicieron con los principales cárteles para bajar las ejecuciones en las principales zonas urbanas, distribuirles plazas y reubicarlos en la región serrana de Chihuahua, se pondría al descubierto de distintas maneras. 

Una de ellas fue la exhibida mundial que dio el papa Francisco al gobierno de Chihuahua cuando soltó, a los 75 periodistas que lo acompañaban, que en la frontera Mexicana se vivió una tregua entre narcos para asegurar su estancia en la ciudad. El Pontífice aseguró, hablando en italiano: “En Ciudad Juárez había un pacto de 12 horas de paz por mi visita, después seguirán luchando los traficantes entre ellos”. 

Pero lo contundente son los números de las propias instancias de seguridad en el país. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de la Seguridad Pública, en 2015, nuestro estado ocupó el tercer lugar en homicidios dolosos, somos una de las cuatro entidades que concentra el 35% de los casos por este delito. La CIDH nos coloca como el segundo estado con las tasas más altas en homicidios de mujeres y como la segunda entidad con mayores reportes por agresiones contra defensores de derechos humanos, también en el cuarto lugar con mayor número de homicidios de periodistas. 

¿Y qué responde quien se ostenta como gobernador del estado? Mentiras, falsificación de estadísticas, ocultamiento de hechos. Por supuesto, mucha gacetilla en los medios para dibujar un cuento de hadas. Cinismo puro. 

No tuvo reparo en desmentir al Papa; él, quien se desvivía por ser el monaguillo en la misa dentro del cereso de Ciudad Juárez. Y ahora que se volvió a colocar la mirada sobre la tragedia que se vive en la región de Cuauhtémoc, Chihuahua, respondió con la irresponsabilidad e impunidad que lo caracteriza. El 10 de marzo, en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, el gobernador quiso curarse en salud respecto del grave fenómeno de desapariciones que se ha concentrado en Cuauhtémoc al señalar: “en esa región, desgraciadamente, la falta de coordinación del municipio de Cuauhtémoc, ha permitido uno de los casos de mayor impunidad en este sentido”. 

Loret de Mola lo cuestionó, “¿usted cree que el alcalde está coludido con el narco? Para ponerlo claro”, a lo que el mandatario respondió: “Lo que yo creo es que el alcalde ha permitido que la policía municipal esté trabajando en intereses que encubren al narcotráfico”. 

No tiene parangón la desfachatez. Si alguna autoridad está señalada por su contubernio con los narcotraficantes en Chihuahua, es el gobierno del estado. La fiscalía estatal como el brazo protector de las mafias en la sierra, donde el miedo y la desesperación se apoderó de los pobladores. Si algún partido tiene hoy vínculos con el narco en mi estado, es el PRI, que lleva a varios de sus personeros como candidatos a alcaldes y síndicos. Baste leer los valientes reportajes de las periodistas Patricia Mayorga, en Proceso, y de Miroslava Breach Velducea, en La Jornada, para darnos cuenta del nivel de acuerdo que tienen.