“Carcundia”, según el diccionario de don Manuel Seco, es un epíteto de naturaleza política para referirse de manera despectiva al comportamiento de personajes públicos nocivos y reaccionarios, como actualmente sucede con la carcundia de los burócratas encumbrados del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) quienes, a pesar de la crisis de la pandemia y del inminente desastre económico que nos acecha, siguen cobrando sueldos insultantes y sin realmente trabajar.

Y lo peor es que doña Gabriela de León Farías no se da por enterada y sigue con su nefasta rapiña. De un plumazo el INE anuló las funciones del IEC, pero sus consejeras y consejeros seguirán con sus ofensivos privilegios.

Todo esto en un ambiente político de crispación, de enfrentamiento, de falta de unidad. El presidente López Obrador advierte a los empresarios que no habrá condonación de impuestos, ni prórrogas, tampoco rescates tipo Fobaproa, pero nada dice de los funcionarios de los tres Poderes de la Unión ni de la vampírica alta burocracia de los órganos constitucionales autónomos (OCA’s), como el INE y su reflejo huevón en Coahuila, el IEC, cuyos parásitos consejeros se han negado a bajarle a su draculesca sangría del erario, recursos que ahora son necesarios para enfrentar la pandemia y el desastre económico anunciado.

Una grieta similar se abrió entre el pueblo argentino y su popular presidente Alberto Fernández quien, al advertir a los empresarios que debido a la crisis de la pandemia era el momento de “ganar menos”, recibió como respuesta el repudio de un “cacerolazo” de los aludidos que de inmediato exigieron que los políticos también redujeran percepciones para no abusar del pueblo, como ha sucedido en Uruguay, donde los tres poderes del Estado se han bajado el sueldo a propuesta del presidente Luis Alberto Lacalle, pauta que han seguido los gobiernos de Paraguay, Ecuador y Costa Rica, más sensibles que nuestra abusiva y corrupta burocracia.

Y aquí en México tenemos pocas voces que secunden al presidente Lacalle. López Obrador lo quiso hacer antes de la crisis, pero nadie le hizo caso. El miserable secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, se amparó al igual que jueces y magistrados. Independencia y autonomía, argumentaron de inmediato. Como si no fueran tan corruptos.

Hay que reconocer la propuesta que hizo esta semana el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera en una moción a los legisladores federales, acción que debe extenderse a toda la clase política nacional.

No caben titubeos, ni tolerancia, ni consideración alguna ante los abusos de la burocracia privilegiada. Mucho menos con los mal llamados “consejeros ciudadanos” como Gabriela de León, Lourdes de Koster, Lorenzo Córdova o el infame galopín Edmundo Jacobo. Ministros, magistrados, jueces, legisladores y demás clase política local y federal, por congruencia, deberían bajarse el sueldo. Lo exige una población agobiada por un futuro incierto y amenazante. La pandemia y la recesión económica inminente traerán más desempleo, escasez, carestía, hambre, enfermedad, miseria, violencia y muerte. Un momentum catastrophicum que exige moderación a la alta burocracia fortificada en su palacio de invierno.

 ¿Ya entendiste, Gabriela de León?