De acuerdo con un estudio técnico realizado por la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es mínimo el riesgo de contaminación de mantos acuíferos, derivado de la operación del Centro Integral de Manejo de Residuos Integrales que se pretende construir en el municipio de General Cepeda.

Lo anterior, debido a que los terrenos donde busca construirse el confinamiento no se encuentran dentro de áreas inundables, la zona registra una escasa precipitación pluvial y el proyecto implica la construcción de un bordo para prevenir inundaciones provocadas por las tormentas esporádicas que ocurren en la zona, entre otras cosas.

El argumento suena contundente y pareciera llamado a zanjar la discusión que en torno al referido proyecto se ha suscitado, derivado de la oposición —con tonos virulentos— manifestada por un grupo de habitantes de General Cepeda para que el Cimari pueda ser construido.

En otras circunstancias, probablemente la revelación de un estudio como éste habría sido suficiente para superar la oposición de los cepedenses y abrirle paso a la existencia del confinamiento. Por desgracia —para los impulsores del proyecto— el elemento indispensable para que ello ocurriera, la confianza, probablemente ha sido demolida sin posibilidad de recuperación.

Y es que las autoridades, de todos los órdenes de Gobierno, decidieron —por acción o por omisión—, seguir la ruta del “albazo” para hacer avanzar el proyecto asumiendo que, colocando a los habitantes del vecino municipio ante un escenario de hechos consumados, estos habrían de resignarse aún cuando no estuvieran de acuerdo con la construcción del Cimari.

Como ha quedado claro en los últimos días, se trató de una apuesta equivocada. A la oposición que originalmente se manifestó en contra del proyecto ahora se ha sumado la indignación por sentirse engañados por las autoridades lo cual ha sembrado, acaso de forma irreversible, la semilla de la desconfianza.

La pregunta sin duda la harán los opositores al Cimari y resulta, por lo demás, un cuestionamiento natural. ¿Por qué no se difundió, antes de extender las autorizaciones respectivas, la información técnica y se permitió que fuera analizada y contrastada con estudios realizados por otros especialistas?

Intentar ahora el convencimiento de los opositores mediante la exposición de argumentos técnicos implica emprender una marcha cuesta arriba: el problema ya no es científico, sino político y la responsabilidad de que así sea es de las autoridades involucradas en el proceso.

Seguramente los promotores del proyecto pensaron que socializar sus características e intentar convencer a los habitantes del lugar de sus “beneficios” habría implicado “perder mucho tiempo” o poner en riesgo la posibilidad de ejecutarlo. En el momento en que lo pensaron, tal posibilidad era sólo una hipótesis; en este momento es una realidad a punto de estallarles en la cara.