Uno de los sectores que más ha manifestado su descontento y temor ante el resultado de las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos es el de los científicos, ya que desde su campaña electoral el ahora presidente Donald Trump dejó clara su posición respecto a la ciencia y su intención de frenar las investigaciones sobre el cambio climático –un hecho científico ampliamente probado ante el que se declara escéptico– para que las empresas puedan seguir produciendo sin preocuparse por las emisiones de contaminantes que descargan a la atmósfera o el daño ambiental que esto genera. No es trivial que el presidente Trump haya sido llamado el primer Presidente anticientífico de Estados Unidos por investigadores de la talla de Michael Lubell, director de asuntos públicos de la American Physical Society, ya que sus tendencias aislacionistas tienen el potencial de dañar severamente el desarrollo científico y tecnológico. Ya no se trata solamente de la construcción de un muro que evite el paso de los inmigrantes en la frontera con México –con consecuencias para las especies locales que nos son desconocidas–, sino de erigir prohibiciones y recortes presupuestales que se conviertan en un muro que impida el intercambio de ideas y bloquee los mecanismos de validación del conocimiento de los que depende la comunidad científica.

Para los científicos estadounidenses es claro que el proteccionismo de Trump representa una amenaza para el desarrollo científico y tecnológico, incluso con aquellas prohibiciones que parecieran no tener un impacto directo en el campo. En una noticia publicada en Nature News la semana pasada (el sitio de noticias de una de las revistas líderes en investigación científica), por ejemplo, se denuncia el profundo impacto para las investigaciones en salud y el riesgo de salud pública que representa la política que prohíbe la entrada a Estados Unidos de personas de varios países de mayoría musulmana, lo que incluye a investigadores y estudiantes del área de la salud, ya que, como señala el artículo, “las enfermedades no respetan leyes, muros ni fronteras” y los esfuerzos para combatirlas dependen de las redes de científicos que permite su detección temprana. Además, el aislamiento de los países afectados por la orden de prohibición deja ciegos a los investigadores respecto al brote de nuevas enfermedades que pudieran surgir en las zonas de conflicto.

Otras publicaciones también han hecho sonar la alarma, como muestra el primer editorial de Nature Ecology & Evolution, en el que se hace un llamado a la comunidad científica a involucrarse en la política para poder defender no solamente el trabajo de los científicos, sino la continuación de investigaciones fundamentales para el futuro de la humanidad, como aquellas relacionadas con el cambio climático, la crisis de la resistencia bacteriana a los antibióticos –que es un problema evolutivo–, y el incremento en la tasa de extinción de las especies.

Como respuesta a las políticas de Trump, los científicos ahora buscan representación en el Gobierno, como muestra la reciente creación del grupo Acción 314 (http://www.314action.org/) –nombrado en honor a los primeros tres dígitos de Pi–, cuyo objetivo es apoyar a los científicos que buscan un puesto de representación popular. A la fecha son 400 los científicos que han respondido al llamado a postularse como candidatos.

Enfrentar la crisis actual significa reconocer que lo que ocurre es un síntoma de los problemas que durante mucho tiempo permanecieron invisibilizados y se fortalecieron en la sombra. Uno de ellos es el desconocimiento de la forma en la que trabajan los científicos, al grado de que se habla de “hechos alternativos”. El desprecio por el conocimiento científico está alcanzando proporciones catastróficas y deberá ser combatido desde todas las trincheras.