La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno mexicano a esclarecer si el asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur desde 2015, se debió a su trabajo como ómbudsdman. Conocer si el móvil del crimen fue el trabajo como defensor de derechos humanos añadiría una agravante al asesinato.

“Resulta urgente que el Estado mexicano adopte todas las medidas a su alcance para que este asesinato no quede en la impunidad”, dijo en un comunicado el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren. La muerte de De la Toba el pasado 20 de noviembre, en un crimen en el que también murió su hijo de 20 años y resultaron heridas su esposa y otra hija, supone “la primera vez que quien preside una entidad de esta naturaleza es privado de la vida de manera violenta”, recordó el organismo interamericano.

La CIDH tomó conocimiento de que la Procuraduría General de la República colabore con la procuraduría estatal en la investigación, que debe llevarse con “debida diligencia” hasta enjuiciar y castigar a los culpables.

La CIDH remarcó además el “contexto de altos niveles de violencia” en Baja California Sur, incrementados este año. Según datos oficiales, sólo en octubre de este año hubo en el estado 109 homicidios, 240% más que el mismo mes de 2016.

Fruto del asesinato de De la Toba, los ómbudsman de Guerrero y Veracruz explicaron que habían recibido amenazas de muerte.