CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó que no se ha seguido su recomendación del retiro del Ejército mexicano en el combate a la inseguridad, las cuales “siguen siendo un desafío por la violencia que persiste en el país”.

En el informe anual 2016, la CIDH destacó que es preocupante el tema de las desapariciones, homicidios y tortura en México, además de considerar que el país atraviesa una grave crisis de violencia e inseguridad desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa e indicó que la solución de sacar al Ejército mexicano desató mayor violencia y violaciones a los derechos humanos.

Agregó que a pesar de los avances significativos en materia constitucional y legislativa en los últimos años, así como la adopción de importantes políticas públicas en México, elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos, “persisten los desafíos en materia de violencia e inseguridad que se alimenta del miedo que generan los grupos del crimen organizado que actúan en nombre propio y en ocasiones en colusión con autoridades, así como por la consecuente impunidad”.

Al hacer una revisión a las recomendaciones que ha hecho a México, la CIDH lamentó que México no ha dado seguimiento a las observaciones que se han realizado en diferentes temas, entre ellos, la presencia de las Fuerzas Armadas en la recuperación de las tareas de seguridad ciudadana por parte de las policías civiles, así como en temas como la tortura y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; tortura, ejecuciones extrajudiciales y el trato a migrantes.

La comisión toma nota de que los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sugieren que no se estarían tomando en consideración la implementación de todas las medidas relacionadas con la investigación.

En el documento se recomienda que a la brevedad posible el Estado adopte la Ley General sobre Desapariciones y Desaparición Forzada, y exhorta al establecimiento de mecanismos de búsqueda inmediata, a mejorar el Registro de Personas Desaparecidas, a fortalecer los mecanismos de alerta temprana y búsqueda urgente en casos de desaparición de mujeres y niñas.

El capítulo cuatro del informe, conocido como la “lista negra”, señala a Cuba, Venezuela y República Dominicana como los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una “atención especial”.

Indica que República Dominicana tomó el relevo de Guatemala por la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales. Sobre Venezuela, la CIDH denuncia que se ha registrado “un agravamiento” de la situación de la seguridad ciudadana con relación al derecho a la vida e integridad personal y “un deterioro del Estado de derecho y las instituciones democráticas”.

Repite Cuba, por “las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento”.