El abandono del más elemental sentido de la ética ha llevado a muchos personajes públicos -de todos los signos ideológicos- a cometer actos delictivos, a vincularse con grupos criminales o, en el extremo, a ponerse abiertamente al servicio de intereses ilegales.

No se trata de un fenómeno exclusivo de un país, ni de una conducta que pueda atribuirse a los militantes de una sola de las fuerzas del espectro político. Para desgracia colectiva, se trata de una conducta más o menos extendida y a la cual no le voltean la espalda ni los izquierdistas más recalcitrantes, ni los derechistas más conservadores.

Existen momento de la historia, sin embargo, en los cuales la situación hace crisis porque pareciera que a nadie le importa ya observar un mínimo de decoro y todo el que puede se deja seducir por los encantos del “lado oscuro” de la vida pública.

A partir de la crisis de seguridad pública que vivimos en los últimos años, es claro que en México hemos atravesado por una crisis de esa naturaleza, crisis de la cual no hemos quizá visualizado todos sus efectos ni hemos sido suficientemente conscientes de su magnitud.

La penetración de las instituciones del Estado por parte de grupos delincuenciales constituyó el elemento fundamental gracias al cual el crimen organizado pudo asumir la actitud de desafío que le caracterizó largamente y que, en no pocas zonas del País, le llevó a “derrotar” técnicamente a las fuerzas gubernamentales.

Las manifestaciones de esta realidad fueron y son múltiples. Entre ellas figura el más reciente escándalo político del País: el caso de la diputada local del Estado de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, de quien la Procuraduría General de la República ha anunciado ya que prepara la solicitud de juicio político a fin de separarla de su cargo y someterla a proceso.

La ahora conocida como “Chapodiputada” deberá enfrentar cargos por falsificación de documentos -por el cual ya existe una averiguación abierta en su contra- y eventualmente podría fincársele responsabilidad por presuntamente haber participado en la fuga de Joaquín Guzmán Loera.

Hoy, todas las fuerzas políticas demandan que la legisladora local sea sometida a juicio y todo mundo se apresura a “desmarcarse” del proceso mediante el cual llegó a ocupar una banca en la Legislatura estatal de Sinaloa.

Y hacen bien, pues lo peor que podrían hacer ahora es intentar protegerla o asumir una postura ambigua en torno al caso.

Pero harían todavía mejor si se deciden, de una vez por todas, a combatir en serio la corrupción y comienzan, como buenos jueces, por limpiar su casa detectando, denunciando y poniendo a disposición de las autoridades, a todos los “chapofuncionarios” que, seguramente, se encuentran en las oficinas públicas de todos los órdenes de gobierno del País.