La Comisión Federal de la Electricidad (CFE) buscará renegociar los contratos que norman la compra de electricidad que hace los privados y los que establecen la transmisión de electricidad generada por particulares, pues son desventajosos para los intereses del Estado, advirtió Manuel Bartlett, director general de la estatal.

“La mitad de la población en México no puede pagar la electricidad y hay que estar haciendo convenios con los gobiernos locales de las poblaciones menos favorecidas históricamente: del sureste del país, para bajarles tarifas y darles condiciones de pago diferido, mientras las grandes empresas no pagan transmisión. Vamos a renegociar los contratos, aunque no quieran, porque es un abuso”, aseveró ayer 27 de octubre, al comparecer ante el pleno del Senado.

Bartlett Díaz aseguró que mientras la estatal eléctrica ha dejado de percibir cerca de 8,000 millones de pesos en al no cobrar la tarifa doméstica de alto consumo a 6.4 millones de clientes que han excedido su uso de energía básica durante la pandemia del Covid-19, los generadores privados con casi la mitad de la producción eléctrica en el país han mantenido sus ingresos en muchos casos excesivos al no pagar el porteo por transmisión completo y la obligación estatal de otorgarles el respaldo a su intermitencia, por lo que se continuará con los cambios legales para fortalecer a la CFE que garantiza la continuidad de electrificación del país, por encima de intereses privados aunque sean ligados a las energías renovables.

Particularmente sobre la empresa española Iberdrola, Bartlett explicó que ésta aumentó sus ingresos en lo que va del año porque mantiene una serie de contratos “leoninos” firmados con el Estado mexicano en las dos administraciones anteriores, con lo que además de tener las tarifas de porteo más bajas en sus contratos legados, también mantiene sociedades de autoabasto en los que revende la energía a socios, en un “mercado negro de alto nivel”, junto con la obligación de la CFE de comprarles por todo lo que se sacó de operación de infraestructura con vida activa de 30 años de la CFE, en una especie de “doble tarifa”.

Por ello, la española y la CFE cancelaron un contrato de generación en la central de ciclo combinado de Tuxpan, Veracruz, donde Iberdrola condicionó su inversión a cambio de gas natural provisto por la CFE al precio convenido anteriormente, mismo que no resultaba competitivo para el gobierno mexicano.

“No es que estemos en contra de inversiones extranjeras, que se fueron a colocar en los nodos más rentables y no pagan el costo de la transmisión porque tienen privilegios de la regulación anterior, y tampoco pagan el soporte durante su intermitencia, lo que no aceptamos es estar subsidiando esa energía que hacen los grandes negocios y no paga un centavo”, aseguró, “el aire, como dijo el secretario Coldwell en el sexenio anterior, no cuesta, pero luego se les despacha primero a estas empresas que no tienen costos de combustibles por usar sol o viento, pero son energía más cara por los componentes que se traen del extranjero para generarlas y por los subsidios que se les otorga”.

Por ello, el director general de CFE reiteró que el tope de generación eléctrica al que accederá el sector privado será de 46% y aunque el gobierno será respetuoso de las resoluciones judiciales por amparos de las empresas privadas frente a la Política de Confiabilidad que ha planteado el gobierno, estará dispuesto a realizar los cambios constitucionales que sean necesarios para garantizar la continuidad de la electrificación en el país.

“Si se apoderan intereses extranjeros de la generación eléctrica, volveremos a la dependencia de los años 30 cuando estas empresas invierten cuando conviene solamente, porque es su negocio y el respaldo cuando no generan, que le cueste al Estado porque no se puede dejar al país sin electricidad”, aseguró.

Bartlett recordó que después de la publicación que la Secretaría de Energía realizó de la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico –en que se cambian los criterios de despacho priorizando la generación de mayor velocidad, primordialmente fósil de la CFE, sobre las renovables que tardan más en conectarse pero no consumen combustibles, lo que las hacía más baratas y eran las primeras en ser despachadas– los juzgados en competencia económica recibieron 36 amparos distintos que junto con la controversia de inconstitucionalidad suspendieron hasta la sentencia la entrada en vigor de este ordenamiento, que empresas privadas consideraron como dañino para sus intereses. “Los amparos dicen que no se les puede quitar el derecho a subirse a la red, en una medida privatista porque el Estado vela por la estabilidad de la red y no por los intereses privados”, explicó Bartlett.

La estatal eléctrica en pie de guerra

405,000 millones de pesos calcula obtener la CFE en 2021 como ingresos propios por venta de energía y servicios gracias a la recuperación económica que se dará el próximo año.

417,000 millones de pesos será el gasto programable para la CFE el próximo año, con una reducción anual de 40,000 millones de pesos.

36 amparos fueron interpuestos en juzgados especializados en competencia contra la Política de Confiabilidad de la Red que ponderaba el despacho de energía constante primordialmente fósil.

8,000 millones de pesos ha dejado de percibir la CFE durante la emergencia sanitaria por Covid-19, al no cobrar excedentes de consumo a 6.4 millones de clientes que deberían recibir tarifa de alto consumo.

46% será el máximo de generación que podrán aportar los privados a la red nacional y el restante 54% será provisto exclusivamente por la CFE.

30 años de vida tiene la infraestructura de la CFE, compuesta de 977 unidades de generación en 192 centrales.

250 terawatts de energía generó el año pasado la CFE, con la respectiva transmisión a través de 110,000 kilómetros y la distribución de 800,000 kilómetros, equivalentes a ocho vueltas al planeta.

45 millones de servicios contratados tiene la CFE, cubriendo a 98.97% de la población. Tiene contratados a 90,000 trabajadores.