Una constante en el actual Gobierno de la República es “denunciar” públicamente -y de forma constante- la existencia de actos de corrupción pero no hacer absolutamente nada para combatirlos, de forma que el espacio para la impunidad se cancele.

El enésimo ejemplo de esta conducta pareciera ser el intento de modificación unilateral -por parte de la Comisión Federal de Electricidad- de contratos para la adquisición de carbón, específicamente el firmado con la empresa Corporativo Industrial Coahuila S.A. de C.V. (CICSA), filial de Altos Hornos de México (AHMSA).

De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, la CFE habría notificado a CICSA la decisión de modificar un contrato vigente a fin de reducir el volumen de carbón originalmente contratado, así como el precio por tonelada establecido en el mismo.

El contrato en cuestión habría sido negociado antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto y, de acuerdo con la actual directiva de CFE -a cargo de Manuel Bartlett Díaz-, se trata de un contrato “ventajoso” para la proveedora porque obliga a la empresa del Estado a pagar precios por encima de los del mercado por el mineral suministrado.

Si lo que la CFE señala es verdad, lo que se estaría planteando es que las condiciones del contrato fueron pactadas con el propósito de beneficiar ilegalmente a la empresa proveedora de carbón.

La afirmación anterior deriva de una circunstancia puntual: las normas gubernamentales que prevén la posibilidad de realizar contratos multianuales, como el referido, tienen el propósito de ofrecer ventajas al sector público y no al revés.

En otras palabras, cuando se contrata un producto o servicio para ser proveído por un período que abarca más de un año fiscal, la idea es que eso implique la negociación de un contrato que contenga reglas en las cuales se prevean los posibles escenarios del tiempo en el cual tendrá vigencia. Las fluctuaciones de los precios del mercado entre ellas.

Si esto no se hizo así y las condiciones de ventaja se negociaron a favor de la empresa, lo que estaríamos viendo es un acto de corrupción que debería combatirse a través de las vías jurídicas y, para eso, si algo sobra son leyes que permitan llevar el asunto a tribunales.

¿Por qué, en lugar de seguir esa ruta, que no solamente protege el interés público en este caso concreto, sino que fijaría un importante precedente para el futuro, la CFE ha decidido actuar al margen de la ley?

Resulta incomprensible que, si el análisis técnico y jurídico que se ha realizado, deja claro que se pactó un contrato de espaldas al interés público, la empresa estatal pretenda arreglar el asunto “por debajo de la mesa”.

Hacer eso no solamente no sirve para combatir la corrupción, sino que pone en duda el compromiso cotidianamente expuesto por este Gobierno de erradicar tal práctica del quehacer público de nuestro país.