El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, impulsan la extracción de carbón para “ayudar a los pequeños mineros”. Sin embargo, “El carbón rojo de Coahuila: aquí acaba el silencio”, publicado por la fundación Heinrich Böell México, evidencia el costo humano (inseguras condiciones laborales sin seguro social, miles de muertes, viudas y huérfanos por negligencia impune) y también ambiental (desechos sin tratar, agua del río Sabinas contaminada, operación sin Manifiesto de Impacto Ambiental) que durante años ha causado esta actividad minera, principalmente para el beneficio de empresas como Grupo México y, en su momento, Altos Hornos de México (AHMSA). Todo sin intervención del sindicato del Senador Napoleón Gómez Urrutia.

“De la misma manera como sucede en las zonas habitacionales de Nueva Rosita pegadas al pasivo ambiental, como sucede en Palaú con la Planta Lavadora, las mujeres de La Florida dedican mucho tiempo para la limpieza de su casa, de sus ventiladores de agua y lavan su ropa dependiendo del viento, para no se ensucie mientras está tendida para secarse. Esto, que es visible en sus casas, debe ser perjudicial para sus cuerpos, pues absorben al respirar partículas de polvo de carbón”, expone el informe.

En entrevista, la principal autora Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, aseguró que ese discurso de generar desarrollo en la región surgió cuando se empezó a comprar el carbón a lo que llaman pequeños productores.

“Pero nunca lo ha traído, lo que trae son contratos a empresas que no cumplen ni con lo mínimo. Para empezar, el carbón no se produce, se extrae. Cometieron el gravísimo error de incentivar lo que llaman la pequeña y microminería, que es la más peligrosa porque opera en condiciones ilegales o clandestinas [como Coalfusion Mining]. Y hablan de pequeños, pero son empresas extractivas nacionales y la mayoría de ellas de alcaldes, exalcaldes [como el exalcalde de San Juan de Sabinas, Antonio Nerio Maltos], familiares de gobernadores, priistas o morenistas oportunistas como [el Senador Armando] Guadiana Tijerina”, dijo.

Del total de generación de energía de la CFE, solo un 4 por ciento es con carbón, según Bartlett. Durante su gira por la entidad norteña, el Presidente López Obrador aseguró que “procurarán” que las carboeléctricas de la empresa pública no estén “subutilizadas” para “ayudar más a los productores y a toda la gente que vive en esta región del país”. Y, agregó, las empresas de energías solar y eólica están subsidiadas, porque “produzcan o no produzcan, la Comisión Federal les tiene que comprar la energía eléctrica”.

Bartlett, con impulso del Senador y empresario carbonífero Armando Guadiana Tijerina, oficializó la compra por adjudicación directa de 2 millones de toneladas de carbón con 60 extractores privados de Sabinas, Coahuila, por más de dos mil millones de pesos para 2020 y 2021. Dos días después dijo durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados que fue bajo principios de cero corrupción y coyotaje, y que no están contra las energías renovables, sino de subsidiarlas por lo que buscan la “repotenciación de las energías hidraúlicas del país”.

Un carbonero de Cloete, justo en Sabinas, accidentado en 2014 sin seguro por ser un pozo clandestino, comentó que sus cuatro hijos están enfermos de los pulmones por respirar polvo de carbón. Él tiene lesionada la columna. “Les dan crisis de asma muy feas y yo necesito tener el seguro porque si no, no sé qué voy hacer. El polvo de los patios de mezcla está en todas partes, en mi casa, en mis niños y tienen que atravesar los patios de mezcla para poder ir a la escuela”, dijo. Es de los pocos que se quedaron en el pueblo invadido de pozos ilegales sin Manifestación de Impacto Ambiental.

La defensora de carboneros Cristina Auerbach planteó que la apuesta de su colectivo es que paulatinamente cierren las minas de carbón rojo, “porque son los más abusivos con la gente y el ambiente”. En ellas los empresarios no invierten en seguridad ni higiene, para reducir sus costos de extracción al mínimo y, por ende, aumentar sus ganancias al máximo.

“Tenemos años denunciando a Guadiana. Él dice que no vende carbón a la CFE, pero le sigue vendiendo a través de contratistas. Hay un problema estructural en la región que Bartlett no ha podido ver ni ha querido reunirse con las víctimas”, acusó.

En junio, la CFE canceló contratos para proveerse de carbón con Altos Hornos de México (AHMSA) por la detención de su director Alonso Ancira, por el caso de la planta chatarra Agronitrogenados vendida a sobreprecio a Pemex y en agosto la estatal reportó que Long Mining Group, del Alcalde de San Juan de Sabinas Julio Long, está “imposibilitada” de contratos por ser un funcionario público. Pero, hasta la fecha, dicha empresa aparece en su padrón de proveedores y contratistas registrados.

Vanguardia, publicó hace tres meses una primera lista de posibles proveedores de carbón de la CFE, entre ellos, Minera Epce de Javier Espinoza Tijerina (familiar de Guadiana), Operadora Industrial Minera (asociada a Guadiana), así como Grupo Sacu del exsubsecretario de Turismo estatal, Alfonso Rodríguez Garza, y King Krab, del exfuncionario de la Secretaría de Salud local, Jesús Zamora.

No obstante, en el padrón actualizado de contratistas solo aparecen Grupo Sacu (del exsubsecretario), Coalfusion Mining (con historial de negligencia) y Minera 2G (asociada a familiares del Senador Guadiana).

LA RESPONSABILIDAD DE LA CFE

Por estas condiciones de ilegalidad y negligencia, en minas de Barroterán, Esperanzas, Palaú, Nueva Rosita y Cloete, pueblos donde viven las familias carboneras de Coahuila, las muertes en las minas a veces abarcan generaciones. Desde 1883 la organización Familia Pasta de Conchos ha documentado 310 eventos mortales en minas de carbón, en los que se han registrado 3 mil 103 muertes.

“A pesar de las más de 3 mil personas muertas en las minas, no se ha castigado a ninguna de las empresas en las que, por no invertir en seguridad, mueren sus trabajadores; ni por contratar niños y jóvenes para la extracción de carbón”, lamenta el documento de la fundación Heinrich Böell. “Al igual que su padre, Napoleón Gómez Urrutia permitió e hizo de la extracción de carbón rojo un gran negocio, no asumió ninguna responsabilidad por la vida, la salud y la muerte de los mineros. A partir del año 2002, cuando heredó el cargo, cuando menos trabajaron en estas condiciones tres mil mineros del carbón en promedio anualmente”.

La defensora de derechos humanos de los mineros del carbón Cristina Auerbach explicó que la mayoría de las empresas que tiene contrato con la CFE cuenta con otra empresa de outsourcing que es la que contrata a los carboneros. “Muchos ni siquiera están registrados en el seguro social. Cuando sufren un accidente o siniestro en la mina, la minera no se hace responsable. La Secretaría de Economía tiene la facultad de cancelar la concesión cuando se demuestra que no cumple con las condiciones de seguridad e higiene. Pero por este formato los trabajadores quedan en total desamparo”, dijo. “A Gómez Urrutia solo he ha interesado los contratos de las minas grandes. No le importan los mineros”.

La clara muestra fue la explosión en Pasta de Conchos que causó la muerte de 65 mineros en 2006. Más de diez años después, los familiares siguen exigiendo que los cuerpos sean rescatados ante la negativa de Grupo México del multimillonario Germán Larrea. La Secretaría del Trabajo y la CFE se han comprometido con el rescate, pero la organización Familia Pasta de Conchos –no todos presentes en la reunión con el Presidente López Obrador a finales de octubre– pide también investigación sobre la negligencia del Estado, la empresa y el sindicato minero.

“Grupo México es la única empresa que recupera los cuerpos de los mineros si y solo si el área donde se encuentran los cuerpos tiene reservas de carbón extraíble”, sentencia el informe. “Pasta de Conchos no explotó por una caprichosa acumulación de gas, explotó porque el sistema de ventilación para dispersar el gas era insuficiente, solamente necesitaba una fuente de ignición (chispa) para explotar (se pudo generar con los equipos eléctricos obsoletos y prohibidos utilizados dentro de la mina o por contacto entre las máquinas de corte y el carbón), generaron además, grandes caídos; no neutralizaron la explosividad del polvo de carbón y quitaron parte de la estructura de la mina para reutilizarla”.

En las últimas dos semanas, se han denunciado 14 cuevas con mineros sin seguro social (ni cubrebocas), las cuales son ilegales porque se excava sobre la pared de un hoyo o tajo abandonado. No tiene salida de emergencia, sistema de ventilación, monitoreo de gas, ni equipo de seguridad. Cuatro de ellas tienen contrato con CFE, documentó Auerbach.

“Da una idea del esquema que está promoviendo CFE, porque se compraron la idea de apoyar a los pequeños cuando son los mismos de siempre”, acusó.

Desde que en 2013 Auerbach colabora con la Secretaría de Trabajo ha habido “una reacción virulenta de algunos empresarios que aún pretenden extraer carbón rojo. Ya no tenían inspectores a quienes sobornar, ya no podían comprar actas de inspección, ya no podían simular que tenían equipos de seguridad personal y ya no se avisaba a los centros de trabajo cuándo serían inspeccionados”.

Sin embargo, reitera el informe coordinado por la fundación Heinrich Böell, el índice de mortalidad en las minas de carbón no es culpa del minero, la piedra que se cae, del gas que explota y asfixia o de la pared del tajo que se cae, “es culpa de la negligencia de los empresarios y de las autoridades de todo nivel, pero especialmente, del Gobierno del estado de Coahuila y de la CFE que venden y compran este carbón rojo”.

Durante la charla con este medio, la activista Cristina Auerbach agregó que durante años los titulares de la prensa daban la impresión de que las muertes de carboneros eran por accidentes. Pero no: han sido por negligencia impune. “Nada de eso quiere ver CFE. A los mismos que han estado enriqueciéndose a costa de la vida de los mineros, les vuelven a dar contrato”.