Ante el repunte en el número de contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, que se registra de forma paralela al avance en la inmunización colectiva, las autoridades de Coahuila proyectan establecer como requisito para el acceso a diversos establecimientos la exhibición del certificado de vacunación.

La medida, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme, tendría como propósito el permitir la reactivación de diversas actividades económicas y posibilitar un mayor aforo en establecimientos como bares y estadios.

“No lo vamos a hacer ahorita, vamos a tejer una estrategia que nos permita a futuro que todo mundo cuente con su certificado de vacunación”, dijo el mandatario, al tiempo que informó de pláticas con el representante del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, para acelerar la vacunación a las personas de 30 a 39 años.

La exigencia del certificado de vacunación, como requisito de acceso a determinados espacios, es una estrategia que se ha implementado en otros países del mundo y ha permitido la realización de eventos masivos como conciertos y encuentros deportivos.

Se trata por ello de una idea que puede resultar útil para acelerar la reactivación económica. Sin embargo, es indispensable para ello que el proceso de inmunización avance con mayor rapidez y se logre en el menor tiempo posible que toda la población adulta esté protegida.

La implementación de este requisito, sin embargo, plantea un cuestionamiento importante: ¿qué va a pasar con las personas que no se han vacunado porque no quieren hacerlo? ¿Se convertirán en una especie de “parias sociales” al impedírseles el acceso a lugares públicos?

Se trata de una pregunta relevante porque en este caso chocan dos derechos fundamentales: de un lado, el derecho que tienen cada persona a decidir libremente si quiere ser vacunada o no y, del otro, la necesidad de no poner en riesgo la salud de quienes conviven con quien no se ha vacunado.

En este sentido es preciso recordar que, de acuerdo con la información difundida por autoridades sanitarias de todo el mundo, quien ha recibido la vacuna contra el COVID-19 no es inmune al virus y puede aún contagiarse y desarrollar la enfermedad. Incluso se han dado casos de personas que han fallecido pese a contar con el esquema de vacunación completo.

Será necesario por ello que se desarrollen protocolos precisos para la posible implementación de una medida que restringiría la movilidad de personas que no han recibido la vacuna, al menos durante el tiempo que nos tome acumular el conocimiento suficiente para tener certeza sobre los riesgos que implica convivir con una persona no vacunada y que es, por ello, un potencial agente transmisor del virus.

Adicionalmente, desde luego, es indispensable que se despliegue una campaña de información orientada a vencer la resistencia de quienes no desean vacunarse y evidencie los riesgos individuales y colectivos de ejercer la libertad personal en esta forma.