La idea de los centros integradores tuvo su origen en Michoacán a mediados del siglo 16. Con ellos se pretendía reestructurar la vida comunitaria para abatir las grandes desigualdades sociales a partir de la integración de las familias, la incorporación de la mujer al trabajo en igualdad de condiciones que los hombres, la reorganización de los bienes, el trabajo colaborativo y la participación de gente de la ciudad en las actividades del campo. La palabra “hospital”, aplicada a estos organismos instituidos por Vasco de Quiroga, hacía referencia a la “hospitalidad”, al servicio y al buen acogimiento brindado a todos aquellos que lo necesitaban. Durante siglos, desaparecieron estas instituciones en México, pero en el periodo 1983-1987, el gobierno estatal en turno de Tabasco usó los Centros Integradores como base de organización y distribución de las acciones gubernamentales, a partir de una iniciativa de descentralización de los servicios administrativos a nivel de los gobiernos municipal y estatal.

El método de trabajo de los Centros Integradores ha sido retomado por la 4T, sustentado en las experiencias anteriores en Michoacán y Tabasco, y se sustenta jurídicamente en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual sitúa a la planeación democrática como base para el desarrollo nacional, para la atención de las demandas sociales y para promover la participación de los diversos sectores poblacionales.

La distribución y entrega de los recursos a los beneficiarios se hará a través de los más de siete mil Bancos del Bienestar, cuyo propósito principal es ofrecer servicios bancarios a los beneficiarios de los programas sociales y eliminar el manejo de dinero en efectivo de persona a persona en tales programas.

A continuación presento información de algunos de los programas sociales que existen en la 4T: Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores –mediante el cual se entregan 2 mil 620 pesos bimestrales– tiene un presupuesto de 110 mil millones de pesos (mdp) en todo el País para beneficiar a más de 8 millones de personas. En Coahuila se benefician más de 180 mil personas, a las que se les entregan bimestralmente casi 500 millones y anualmente cerca de 3 mil millones de pesos.

Pensiones para Personas con Discapacidad –que también considera la entrega de 2 mil 620 pesos bimestrales por beneficiario– cuenta con 6 mil mdp para la atención de casi 800 mil beneficiarios en el País. En Coahuila se cuenta actualmente con más de 12 mil personas en el programa, y se entregan más de 3 millones de pesos bimestralmente.

Sembrando Vida apoya a 229 mil campesinos en todo el País, que trabajan parcelas de menos de 5 hectáreas y reciben 5 mil pesos mensuales. Este Programa no aplica actualmente en Coahuila.

Producción para el Bienestar está orientado a los productores de pequeña y mediana escala y beneficia a unos 2.8 millones de pequeños y medianos productores (hasta 20 hectáreas), que conforman el 85 por ciento de las unidades productivas del País, con prioridad para 657 mil pequeños productores indígenas. Se entrega un apoyo de mil 600 pesos por hectárea para parcelas de hasta cinco hectáreas, y de mil pesos para parcelas de entre cinco y 20 hectáreas. En Coahuila se benefician en este ciclo agrícola 4 mil 629 agricultores con más de 23 millones de pesos.

La Escuela es Nuestra hace llegar los recursos de manera directa. Éstos son administrados por los comités de la propia asamblea escolar, quienes revisan –en una actividad comunitaria– qué trabajos habrán de realizarse. De esta manera, los recursos no pasan por instancias de los gobiernos federales, estatales o municipales, como ocurría antes cuando era muy común que este fondo era manejado por un político o por un empresario recomendado, y el recurso llegaba incompleto o no llegaba a las escuelas que lo requerían. Por ejemplo, el costo de construcción de un aula actualmente es de 150 mil pesos, pero en el sexenio pasado el valor asignado para construir un aula –en las escuelas rurales principalmente– era de 500 mil pesos. Esta actividad estaba en manos de grandes empresas que recibían contratos multimillonarios para construir en todo el País.

Estos son sólo cinco de los más de 20 programas que son manejados a través de los Centros Integradores y los bancos del Bienestar, llegando directamente a los beneficiarios. Esta forma de distribuir los recursos para beneficio de obras de carácter social ha ocasionado reclamos hacia la administración federal, de personas que dejaron de aprovecharse de los programas que les dejaban enormes ganancias. Siempre se dijo que defendían el interés general o el interés de los pobres o el de los trabajadores, cuando se engrandecieron las élites que dominaron al País.

Esperemos que en un futuro mediano podamos ver el resultado de este esfuerzo de redistribución de la riqueza para beneficio de los que menos tienen, en el entendido de que las élites y las oligarquías no seguirán incrementando su riqueza y perciben la posibilidad de asumir pérdidas.