De nueva cuenta, administradores de centros de rehabilitación en la ciudad son acusados de conductas que implicarían un delito, circunstancia que con el correr de los años se ha vuelto repetitiva.

El comentario viene a cuento por el reporte periodístico que publicamos en esta edición sobre el operativo que autoridades de la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia implementaron en dos de estas clínicas que, en teoría, servirían para rehabilitar a personas que tienen problemas con alguna adicción.

La narración de los hechos es grave por sí sola. Una joven adolescente de apenas 17 años de edad acusa al administrador del centro, así como a otras cinco personas, de haber abusado sexualmente de ella.

Tras la denuncia interpuesta por la familia de la joven, autoridades realizan esta acción, poniendo a salvo a cuatro menores que también se encontraban internados en este lugar.

Si la situación es grave, esto se magnifica cuando circunstancias similares se han repetido en los últimos años en estos centros de la localidad.

El caso de Hipólito Vásquez, el administrador de este lugar, es una muestra de ello. Esta sería la tercera ocasión en que pesan en su contra señalamientos por conductas que podrían tipificarse como delitos.

En 2008, el también conocido como “Papá Polo” fue acusado de haber ordenado a otros internos de un centro de rehabilitación de “tranquilizar” a golpes a un joven que también estaba anexado en el lugar; al final, el agredido falleció.

En 2014, de nueva cuenta pesaron acusaciones en su contra, luego de que se realizaran operativos en dos centros de rehabilitación que operaban en la ciudad. El saldo fue de 42 menores rescatados de los anexos, algunos de ellos señalaron haber sido abusados sexualmente por parte de “Papá Polo”.

Sin embargo, en ambos episodios, Vásquez logró librar la prisión al no poder comprobarse su culpabilidad por los delitos que se le acusaban.

No sólo en estos casos se han reportado irregularidades en los centros de rehabilitación, por lo cual autoridades deberían reforzar operativos de revisión en este tipo de lugares.

Sin embargo, la responsabilidad no pesa sólo sobre las autoridades, también como sociedad debemos cerciorarnos que los lugares a los que acudimos para rehabilitar a personas con algún problema de adicción, estén certificados con las mejores prácticas y que también estén dentro del marco de la ley.