No es la primera ocasión en la cual nos desayunamos con la noticia de que un espacio en el cual operaba un centro de rehabilitación para drogadictos —o un albergue para menores desamparados— en realidad servía como fachada para la comisión de todos tipo de abusos en contra de sus presuntos beneficiarios.

Los ejemplos se acumulan y evidencian un patrón que ya se le ha referido a México desde una tribuna tan relevante como la Organización de las Naciones Unidas: abandonar funciones públicas bajo el pretexto de que hay organizaciones civiles encargándose de un determinado fenómeno es una pésima respuesta a las necesidades sociales.

Y eso es justamente lo que ocurre con el reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo al operativo realizado por las autoridades estatales en la “La casa del adicto”, un centro de rehabilitación para farmacodependientes en donde presuntamente se habrían cometido abusos de diverso tipo —sexuales y físicos— en contra de sus “pacientes”.

La pregunta que debe formularse en torno a este caso es muy simple: ¿por qué las familias de una persona con problemas de drogas acuden a este tipo de “albergues” en busca de soluciones?

La respuesta es igual de simple: porque el Estado se ha desentendido del fenómeno y ha “olvidado” el diseño e implementación de una política pública orientada a combatir un problema creciente.

Así, los “centros de rehabilitación” privados que funcionan desde una perspectiva “altruista” han proliferado en el País a partir de la necesidad de contar con un mecanismo capaz de, al menos, brindar una atención de carácter elemental a quienes han caído en el mundo de las drogas y a las familias que padecen las consecuencias de ello.

Pero, dado que dichos centros no operan conforme ninguna norma, sus administradores realizan su trabajo en la forma que les parece más adecuado y guiados exclusivamente por una falsa percepción de experiencia en el tratamiento del problema.

Los resultados indeseables —que son lo previsible de este tipo de experimentos— no se han hecho esperar y, como en el caso de la “La casa del adicto”, eventualmente salen a relucir casos de abuso, maltrato y excesos cometidos en agravio de aquellos a quienes en teoría se busca ayudar.

Es probable —muy probable, de hecho— que la intención inicial de quienes han impulsado la creación de este tipo de albergues sea exclusivamente la de ayudar y que sean motivados por motivos altruistas. El problema no son las intenciones, sino los resultados.

Y en este terreno el Estado no puede evadir sus responsabilidades: la atención de un problema de salud pública como lo es la farmacodepedencia es responsabilidad de las instituciones públicas y no puede trasladarse la carga a las iniciativas altruistas. Por ello, si queremos dejar de atestiguar casos como el que hoy reseñamos, la solución es que el Estado asuma sus responsabilidades.