De los 2 mil 457 municipios del país, solo 165, 93 por ciento, cuentan con un reglamento de construcción, y de éstos 45 por ciento no tiene normas técnicas complementarias, por lo que únicamente son trámites administrativos para obtener los permisos, explicó el subdirector de Vulnerabilidad Estructural del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Joel Aragón.

En su participación en la mesa de diálogo Factores clave en la seguridad y calidad de las obras de infraestructura, organizado por la empresa SGS, Aragón dijo que la ausencia de leyes representa un gran problema para la construcción, o que cuando existen no se cumplen a cabalidad. “En la Constitución está escrito que el municipio es la unidad mínima de autoridad y cada uno es libre, soberano y responsable de sus propias leyes. Eso nos pone en graves problemas, porque no existen realmente reglamentaciones y leyes de construcción, y si hay, no se cumplen”, dijo el funcionario.

En tanto, el comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de Ciudad de México, Édgar Tungüí, dijo que tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 hubo 38 colapsos y a la fecha 65 edificios más han sido derribados. El comisionado agregó que existen 200 edificios en proceso de reestructura y en otros se estudia la factibilidad de recuperación, o si no es viable económicamente, tirarlos y construirlos bajo la nueva normatividad. Aclaró que aunque se piensa que estaban mal construidos, su daño se debe más a que los inmuebles fueron edificados con reglamentos publicados anteriores a 1985.

De acuerdo con el panel, los reglamentos de construcción tiene un buen nivel técnico y se deben actualizar cada cinco años, aunque algunas veces toma más tiempo como en el caso del Reglamento de Construcción del Distrito Federal, que salió en diciembre de 2017, poco después del temblor, pero que se estaba elaborando desde 2014. Tungüí dijo que otro problema es el de la autoconstrucción y como ejemplo mencionó las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, que son las zonas de mayor daño con más de 3 mil 500 viviendas por este fenómeno, por lo que se está buscando conocer a través de convenios con instituciones educativas, cómo deben ser los proceso de autoconstrucción.

REDOBLAR ESFUERZOS: ONU 

A un año del sismo del 19-S, los daños ocasionados aún no están superados y un número considerable de familias permanece en situaciones difíciles, por lo que es prioritario que el gobierno atienda a las poblaciones afectadas, señaló la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). 

En este contexto, la Oficina llamó a todas las autoridades relevantes —federales, estatales y municipales, actuales y futuras— a redoblar los esfuerzos para garantizar la protección de los derechos humanos de todas y todos los afectados, y expresar su solidaridad con las víctimas y el pueblo de México. 

En un comunicado, el representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, enfatizó la necesidad de que en esta etapa de reconstrucción las autoridades recuerden su obligación de atender a la población afectada y garantizar los servicios de salud, educación, agua y otros derechos económicos, sociales y culturales. 

Por ello destacó la necesidad de realizar censos completos, transparencia en el uso de recursos y atención a las necesidades e impactos de corto, mediano y largo plazo, además de dar todas las garantías para que la atención se proporcione sin ningún tipo de discriminación. “La atención no puede ser condicionada por la afiliación política, apoyo electoral o consentimiento ante ciertos proyectos. El sector empresarial puede tener un rol complementario fundamental en el apoyo después de los desastres, pero las autoridades no pueden transferir sus obligaciones a los entes privados”, destacó Jarab.