CDMX.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas enfrenta 453 juicios de amparo por los que podría perder, al menos, más de mil millones de pesos.

Esos recursos son exigidos por personas que sufrieron un delito federal o una violación a sus derechos humanos y consideran que la dependencia no las atendió de manera adecuada.

La Comisión Ejecutiva enfrenta tres juicios por el caso Tlatlaya, en el cual se señala a elementos del Ejército por presuntamente ejecutar a civiles en una bodega del Estado de México; cinco por la guerra sucia, periodo histórico en el que las Fuerzas Armadas fueron acusadas de participar en hechos de desaparición; 50 por las agresiones que recibió el equipo de futbol Los Avispones la noche que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Otros 63 juicios por el caso Tanhuato, en Guerrero, donde supuestamente 22 personas habrían sido ejecutadas por elementos de la Policía Federal (PF); 82 por la guardería ABC, que en 2009 registró un incendio en el que perdieron la vida 49 menores de edad en Hermosillo, Sonora, y 250 procesos legales por otras violaciones a derechos humanos.