Ciudad de México. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó que existe un “potencial riesgo que podría impactar directamente la salud de los mexicanos” si no se vigila de cerca el nuevo acuerdo aprobado por la Secretaría de Salud (Ssa) que permite simplificar los registros sanitarios de medicamentos y dispositivos médicos de importación.

Acusó también que dicho acuerdo pone en desventaja a las empresas privadas nacionales frente a las extranjeras en la competencia por la licitación centralizada de medicamentos que se prevé realizará el gobierno federal en los próximos meses, debido a que los registros sanitarios que emite la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) siguen desarrollando bajo preceptos previamente establecidos que duran hasta un año, por lo que pidió su simplificación para generar más competencia y mejores precios en el sector.

A través Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del CCE, el organismo cúpula del sector privado hizo un llamado al gobierno federal “para velar por la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos que ingresen a nuestro país” y demandó “piso parejo” en la licitación de medicamentos.

Refirió que los recientes acuerdos a la Ley General de Salud (LGS), publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), simplifican y facilitan los requisitos, pruebas, procedimientos de evaluación y otros requerimientos con los que deben contar las agencias reguladoras extranjeras para registrar medicamentos e insumos de salud importados, en concordancia con el Programa de Precalificación para Medicamentos y Vacunas de la Organización Mundial de Salud (OMS), así como su debida equivalencia con las condiciones exigidas por la Cofepris.

“La salud y el bienestar de los mexicanos son determinantes para cerrar brechas y promover el crecimiento económico de nuestro país. La calidad, la seguridad y la eficacia deberán de ser siempre los preceptos determinantes en la promoción del acceso a la salud a la población”, indicó.

El sector privado, dijo, reconoce los esfuerzos del gobierno federal para eficientar el gasto público apegados a la austeridad republicana, pero “lo único que pedimos, es que las reglas del juego apliquen de forma equitativa para todos los participantes. Conforme a las regulaciones estipuladas por Cofepris, un registro sanitario para un medicamento o dispositivo médico, puede tardar, como mínimo, entre 7 meses y un año para ser liberado, situación que pone en clara desventaja a la industria nacional”.