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Católicas por derecho a decidir piden a Iglesia respetar Estado laico
La Red de Católicas por el Derecho a Decidir criticó la postura de la Iglesia Católica quien en voz de Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis Primada de México, aseguró que las mujeres usan la "excusa simple de la violación" para poder abortar.
Exhortaron a la jerarquía cristiana a través de un comunicado a respetar la laicidad del Estado mexicano y no pretender influir en políticas basadas en la salud pública, intentando imponer su moral conservadora, que no tiene acogida ni siquiera entre su propia feligresía.
Al respecto, el grupo opinó que las declaraciones sorprenden por “irrespetuosas y difamatorias”, pues sus palabras reafirman la postura de la institución eclesial de que las mujeres son incapaces de tomar decisiones sobre su vida, negando su libertad de conciencia y su autoridad moral.
Explicaron que una vez más sus afirmaciones difunden “la falsa creencia de que las mujeres se embarazan porque les gusta abortar”.
Dijeron que calificar a la violación como una "excusa simple" es negar rotundamente la tragedia que viven las mujeres y niñas que pasan por esa situación, por el hecho de seguir considerando a las féminas simples receptáculos del embarazo producto de un acto que violentó su integridad y su dignidad.
Mencionaron que recientemente la Secretaría de Salud emitió las modificaciones a la NOM 046 producto de su armonización con la Ley General de Víctimas, según las cuales una mujer violada puede solicitar directamente la interrupción legal del embarazo a la que tiene derecho, sin necesidad de que levante la denuncia ante el Ministerio Público.
El grupo de mujeres sostuvo que las aseveraciones de Valdemar, además de mostrar una falta de sensibilidad y misericordia hacia las víctimas de violación, contienen una serie de “testimonios falsos” por lo que precisaron: El aborto por violación sí es legal en todo el país ya que la interrupción del embarazo por violación está reconocida en los Códigos Penales de las 31 entidades de nuestra nación y en el de la Ciudad de México.
Detallaron que la Iglesia católica no condena el aborto en muchos los casos, pues el Código de Derecho Canónico, en el canon 1323, dice que no se puede excomulgar a una mujer que aborta cuando es menor de 16 años, cuando ignoraba que infringía una ley, si actuó de manera accidental o cuando actuó presionada por miedo o para evitar un daño grave.
Aseguraron que el 71 por ciento de católicas y católicos en México está a favor del aborto por violación, aun cuando la jerarquía católica mantiene una postura de total rechazo al aborto.
Asimismo, especificaron que el 93 por ciento de la feligresía está en contra de que los clérigos organicen marchas con sus fieles para oponerse a las leyes que permiten el aborto, según estadísticas de la Encuesta Nacional de Opinión Católica 2014.
“Nos parece muy grave que en el año de la misericordia y en el contexto de una Iglesia marcada por las palabras bondadosas del Papa Francisco, sigamos escuchando de nuestra jerarquía mensajes tan despectivos y poco respetuosos hacia las mujeres” señalaron y agregaron que la violencia contra las mujeres en México alcanza graves dimensiones.
Con base en estimaciones contenidas en el Diagnóstico sobre la Atención de la Violencia Sexual en México, entre 2010 y 2015 se cometieron dos millones 996 mil 180 delitos sexuales a nivel nacional, cerca de 600 mil al año, publicaron en el documento e indicaron que de estos solo 83 mil fueron denunciados y en únicamente ochocientos treinta casos fueron consignados los responsables.
En entrevista con La Razón, Valdemar Romero, consideró que la iglesia católica analiza la norma de permitirse el aborto para tener argumentos cuando se reúnan con autoridades. “Tratamos de entender en qué consiste la norma y cómo se piensa aplicar; ello, para mostrar nuestra preocupación a la autoridad”.
“El aborto es ‘un mal mayor’ al de la violación, y reprobó la norma oficial de la Secretaría de Salud que permite practicar abortos en todo el país en casos de abuso sexual, con la sola manifestación de la víctima, es decir, sin requerir una orden judicial o que los congresos locales lo aprueben”, expresó el portavoz.