Los contratistas y proveedores de Gobierno del Estado podrían purgar penas de hasta seis años si incurren en manifestación falsa de no conflicto de intereses para vender o prestar sus servicios a alguna dependencia gubernamental estatal o municipal.

Esto se contempla en una reforma a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, ambas del Estado.

Actualmente, la propuesta se encuentra en estudio en comisiones del Congreso a fin de elaborar el dictamen.
Georgina Cano Torralva, legisladora promovente, explicó que se pretende luchar contra la corrupción y refrendar el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

“Lo que se pretende es que las personas o las empresas que deseen contratar ya sea con el Gobierno del Estado o los gobiernos municipales se apeguen a un código de conducta.

“También que además firmen y declaren en un manifiesto de no conflicto de intereses con la entidad contratante o inclusive con algunas otras entidades que forman parte del Gobierno, aunque no sean precisamente los contratantes”, dijo.

Cano Torralva manifestó que el código de conducta será elaborado y expedido por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas; lo que marca la iniciativa es que en ese código se determine el objeto, su ámbito de aplicación, los requisitos básicos que deben cumplir y las sanciones en caso de incumplimiento.

“Hay que decir que dentro de la iniciativa se propone un reforma al Código Penal en donde se tipifica o sea crea un delito que sería el de una manifestación falsa de no conflicto de intereses ante la autoridad administrativa y que contempla una penalidad de seis meses a seis años de prisión y multa”, informó.

Manifiesto:
>Se busca que los proveedores o contratistas declaren bajo protesta de decir verdad si tienen o no, una relación de carácter personal, familiar o de negocios con algún servidor público que tenga participación en el procedimiento de contratación de bienes o servicios.