Tras conocerse la condena impuesta al exgobernador Jorge Torres López por parte de una juez texana el pasado miércoles, diversas voces han considerado “decepcionante” el que solamente deba purgar tres años en prisión y entregar algunas propiedades adquiridas en Estados Unidos con el dinero ilegalmente trasegado hacia el vecino país.

Una de esas voces es la del coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de Coahuila, Rodolfo Walss, quien ayer planteó que una vez Torres López sea repatriado a México comenzará la “prueba de fuego” para las autoridades nacionales, especialmente las coahuilenses.

“..ahí es donde vamos a ver realmente si el Gobierno de Coahuila tiene la intención no sólo lo de Jorge Torres, sino las cantidades que se movieron hacia Estados Unidos, además del tema de la mega deuda”, señaló el legislador.

Más allá de las opiniones que se viertan respecto de la sentencia impuesta a Torres López, un detalle llama la atención en las horas posteriores a la emisión de la sentencia: el silencio que al respecto ha decidido guardar el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara.

Resulta inentendible que, en un tema del mayor interés para la sociedad coahuilense, porque implica uno de los escándalos de corrupción más importantes de las últimas décadas, el responsable de perseguir las conductas delictivas en Coahuila considere que no es necesario hacer escuchar su voz.

VANGUARDIA solicitó ayer, a través de la oficina de Comunicación Social de la Fiscalía, una reacción del titular de la dependencia ante los hechos, pero no se obtuvo respuesta alguna.

Es de esperarse que el silencio de la FGE se deba a que estén diseñando la estrategia legal que implementarán para enderezar un caso penal en contra del exgobernador interino, estrategia que debería arrancar de inmediato, sin esperar a que Torres López cumpla su condena en Texas y sea expulsado del vecino país.

En este sentido es preciso insistir en un dato puntual: los delitos cometidos por Jorge Torres en Coahuila, aunque han sido descritos en el proceso penal que se le siguió en Texas y sirvieron de fundamento para probar el uso ilícito del sistema bancario estadounidense, no han sido aún objeto de sanción.

Y no han sido sancionados porque su persecución y castigo corresponde exclusivamente a las autoridades mexicanas y esto debe hacerse conforme a las leyes de nuestro país.

Resultará inadmisible, desde luego, que el silencio de la Fiscalía y su titular se prolongue y, peor aún, que a este siga un pronunciamiento en el sentido de que no se perseguirá a Torres López y quienes con él actuaron para expoliar la hacienda pública de nuestra entidad.

Cabría esperar en ese sentido que la Fiscalía rompa el silencio lo más pronto posible y que lo haga con un discurso que nos invite a recuperar la confianza en dicha institución, manchada hasta ahora, igual que su antecesora, la Procuraduría General de Justicia, por la sombra de una actuación que huele a complicidad.