La confrontación entre el Gobierno de la República y el de Tamaulipas se recrudeció ayer y los bloques a favor y en contra quedaron claramente definidos cuando la oposición en el Congreso de la Unión fijó postura respecto de la posibilidad de convocar a un período extraordinario de sesiones que podría contener en la agenda la desaparición de poderes en aquella entidad.

Por otra parte, anoche se difundieron imágenes que muestran el reforzamiento de la seguridad alrededor de la “Casa Tam”, la residencia oficial del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca en la capital tamaulipeca, en previsión –se entiende– de la posibilidad de que fuerzas federales, e incluso el Ejército, intenten cumplimentar la orden de aprehensión que ha sido girada contra el mandatario.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard deslizó ayer la posibilidad de que la Fiscalía General de la República hubiera obtenido ya una “ficha roja” de la Interpol, lo cual implicaría extender la persecución de Cabeza de Vaca a nivel global a través de los acuerdos de cooperación internacionales.

Pareciera quedar claro con todo lo anterior, que los bandos en pugna están dispuestos a seguir avanzando sus posiciones y no permitir que la contraparte obtenga la victoria en el tour de force en que se ha convertido este episodio.

La gran pregunta a la que obligan las circunstancias anteriores es: ¿qué va a pasar entonces si el Gobierno Federal intenta cumplimentar –con el uso de la fuerza– la aprehensión del mandatario tamaulipeco?

Pocas alternativas al surgimiento de una crisis institucional se antojan para responder la interrogante. Porque al menos con la información que se conoce, no parece que Cabeza de Vaca esté dispuesto a someterse a la suerte que sobre su futuro ha sido dictada desde Palacio Nacional.

No existen antecedentes de una situación como esta en la historia moderna del País. Lo más cercano a la “insurrección” de un Gobernador contra el poder del centro es el episodio –nunca confirmado de manera oficial– protagonizado por Roberto Madrazo Pintado cuando, en el ya lejano 1994, se rebeló ante la petición de Ernesto Zedillo de renunciar a la gubernatura de Tabasco, que disputo contra el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aquel episodio, sin embargo, no implicó una crisis institucional porque el Presidente y el mandatario “rebelde” eran del mismo partido y la fricción entre los dos políticos sería zanjada, años después, con un abrazo entre ambos y el ofrecimiento de “gobernar juntos”.

Las cosas son diferentes hoy y se dan, además, en el contexto de un proceso electoral que todos los participantes de la contienda reconocen como un punto de quiebre en la historia política del País.

A poco más de dos semanas de los comicios, la tensión crece y la solidez institucional del País está a prueba. El desenlace es imprevisible y lo único que queda claro es que la actual clase gobernante no parece tener empacho en dinamitar el orden jurídico si eso sirve para conquistar sus metas.