Casi dos años después de haber sido arrestado en España, a pedido de México, y a dos meses y medio de haber sido extraditado a nuestro país, Alonso Ancira Elizondo recuperó ayer la libertad luego de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de la República para restituir 216.6 millones de dólares a las arcas de Petróleos Mexicanos.

Como se ha informado con amplitud, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al ex hombre fuerte de Altos Hornos de México (AHMSA) de haber causado un daño patrimonial al erario público nacional cuando le vendió a sobre precio la planta Agronitrogenados.

La explicación jurídica para que Ancira haya recuperado la libertad es el acuerdo ya citado pues, toda vez que el reclamo formal era un daño patrimonial, la controversia puede ser zanjada mediante el establecimiento de un acuerdo resarcitorio.

Así pues, las partes en litigio han llegado a un entendimiento y con eso se pone fin el “pleito” judicial. En estricto sentido, se ha hecho justicia y podemos considerar el caso, como suele asentarse en las sentencias judiciales, un asunto “total y definitivamente concluido”.

Cabe la pregunta, sin embargo, sobre si lo acordado ayer entre el Gobierno de la República y los abogados de Alonso Ancira debe considerarse un “acto de justicia”, es decir, un acto que, además de poner fin a la controversia legal, restaura en la medida de lo posible los perjuicios causados.

Resulta difícil responder al cuestionamiento, sobre todo porque no conocemos el contenido del expediente judicial y por ello no podemos juzgar la gravedad de las acusaciones planteadas por el Gobierno y tampoco podemos valorar la relevancia de los argumentos de la defensa.

Pese a ello, en el imaginario colectivo -que no es monolítico- quedarán flotando algunas ideas que acaso podrán ser aclaradas en el futuro, o que se quedarán impregnadas para siempre en la memoria colectiva: por un lado la idea de que finalmente Alonso Ancira pago un “precio bajo” por su acciones; por el otro, el que esta fue la primera “venganza política” de un presidente que usó el poder para perseguir a sus enemigos.

En el terreno estrictamente jurídico -y en la medida en la cual los pagos pactados ayer se realicen en los plazos estipulados- el caso es parte del pasado. En el terreno político aún veremos mucha tinta correr porque los personajes centrales de esta trama seguramente intentarán que sea su visión la que termine prevaleciendo en términos históricos.

En ese camino, dos versiones permanecerán en pugna: de un lado la que plateará que “como nunca antes” se recuperó dinero obtenido ilegalmente del tesoro público; del otro la que sostendrá que el acuerdo fue, en términos prácticos, el pago del “rescate” por un individuo “secuestrado”.

En la danza de los argumentos quedará flotando un cuestionamiento que acaso no pueda responderse nunca: ¿se hizo justicia en el “Caso Ancira”?